CUMPLIMIENTO
EL CALVARIO DE LA HUMANIDAD
Usen el Carisma de Discernimiento
Racismo, insultos y disparos de civiles armados contra indígenas: el otro lado de las protestas en Cali
A pesar de que hay abundante registro del momento en el que civiles armados atacaron a integrantes de la minga indígena, que se trasladó a Cali para participar en las manifestaciones que casi cumplen dos semanas en Colombia,
su presencia en el municipio Jamundí, del departamento del Valle del Cauca, generó expresiones de racismo y acusaciones de provocar los hechos de violencia,
que dejaron un saldo de diez integrantes de la organización heridos de bala.
Desde el inicio del paro nacional, Cali ha sido el epicentro de las protestas, en el contexto de una tensa situación de descontento y de presión social que ha sido atizada por los bloqueos de las vías hechos por algunos manifestantes.
En ese contexto, la Gobernación del departamento prohibió el acceso al departamento como una medida de contención en el “tercer pico de la pandemia”, según la gobernadora Clara Luz Roldán.
El propio presidente Iván Duque tuvo que hacer un viaje de pocas horas a la zona para encabezar un “consejo de seguridad” la madrugada de este lunes, después de que ordenara “el mayor despliegue de la Fuerza Pública”
en la ciudad y de que le pidiera a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que forman parte de la protesta, que regresaran a su resguardo en ese departamento, a más de 200 kilómetros de distancia.
En medio de la delicada situación, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que tras una reunión con un grupo de manifestantes se acordó el desbloqueo del acceso al puente de Paso del Comercio,
vía que conecta al norte de la ciudad con el municipio de Palmira, en el sur del departamento y a 26 kilómetros de la capital.
Como parte de protesta, algunos participantes han protagonizado hechos aislados de violencia, levantando barricadas e impedido el paso vehicular,
mientras que los habitantes han exigido que se reestablezca el derecho al libre tránsito, obstaculizando también las calles.
Este lunes, la vía de Jamundí, fronteriza con el departamento del Cauca, fue reabierta luego del ataque armado que sufriera el grupo de la minga indígena mientras ingresaba al Valle del Cauca.
Lo que demostró el ataque armado
La tarde del domingo la movilización indígena avanzaba en caravanas de autobuses por las cercanías de la carretera Panamericana, en las adyacencias Ciudad Jardín, barrio de la zona acomodada de la capital.
En ese punto, grupos de civiles trataron de impedir por la fuerza el ingreso de la minga entre insultos racistas y amenazas. Finalmente, unos desconocidos bajaron de una camioneta, dispararon contra la multitud y huyeron.
Posteriormente, circularon videos de un grupo de integrantes del movimiento originario destruyendo la camioneta de los presuntos agresores, lo que dio pie para señalarlos de haber causado los hechos de violencia.
Más tarde, trascendió que la Guardia Indígena había logrado la captura de uno de los presuntos tiradores civiles.
Los integrantes del CRIC, en un comunicado, denunciaron ante la comunidad nacional e internacional
“la agudización de la represión contra el paro nacional” y afirmaron que los trataron de “vándalos y terroristas sin ninguna verificación a la información“.
Para el consejo indígena, esta agresión es una consecuencia de “la connivencia y trabajo conjunto” entre “gobiernos nacionales y paramilitarismo”,
que se cristalizó cuando “civiles armados” los atacaron “resguardados y protegidos por la Policía Nacional”.
Otro punto que se ha puesto en evidencia en estas manifestaciones, explican, es la apelación al racismo “para descalificar la presencia de indígenas en la ciudad de Cali”,
con la finalidad de “generar miedo y pánico en la población“, al acusarlos “con videos y noticias falsas” de llegar para “causar daño”, cuando ya tienen siete días en la zona.
“La violencia no se originó con la venida de la Minga, sino que estaba en un nivel muy alto desde el mismo día de inicio del paro”, aseguran.
Ante la situación de crecientes tensiones y denuncia de violación de los derechos humanos, la representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia,
Juliette de Rivero, expresó su rechazo y “grave preocupación” por los ataques sufridos por la minga indígena.
Del lado oficial, el mandatario este lunes se reúne con el Comité de Paro, que le presentará un pliego de varias exigencias que no fueron atendidas desde el paro nacional de 2019.
Los distintos colectivos de pueblos originarios han participado en estas movilizaciones que se iniciaron hace casi dos semanas para apoyar las exigencias de quienes protestan.
Ya en octubre de 2020 llegaron a Bogotá, para reunirse con el mandatario, sin que este accediera.
En esa oportunidad, le exigieron al Estado garantías de seguridad ante el aumento de violencia en sus territorios por parte de grupos armados ilegales; el cumplimiento de los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la restitución de las tierras que les han sido arrebatadas por la fuerza.
El Ministerio de Defensa de Colombia confirma el despliegue de 10.000 policías y 2.100 soldados en Cali
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, comunicó este domingo que 10.000 policías y 2.100 soldados fueron desplegados en Cali (Valle del Cauca),
uno de los epicentros de las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.
“Aquí no puede haber violencia, no se pueden permitir bloqueos que generen violencia, bloqueos que tienen cansados a los ciudadanos y que además son un delito”, afirmó.
“Por lo tanto, la instrucción del presidente Duque es avanzar en garantizar los desbloqueos,
de modo que puedan entrar los alimentos, el oxígeno, los medicamentos, que pueda garantizarse el abastecimiento del combustible que requiere la ciudad”, agregó.
Molano subrayó a Noticias Caracol que el Gobierno “rechaza la violencia de la que fueron víctimas algunos de los ciudadanos que viven” en Cali.
“Estamos aquí y vamos a quedarnos hasta que se restablezca el orden y la seguridad“, agregó el alto funcionario y pidió que las autoridades locales se comprometan con el desmantelamiento de los bloqueos en el departamento.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que se decretó el cierre de los accesos a todo el territorio de dicho departamento colombiano.
La funcionaria escribió en un tuit que la medida se adoptó “por la aceleración del contagio del covid-19, la alerta roja hospitalaria, y la desbordada situación de orden público”.
“Acabo de expedir el decreto con el cual se restringe la movilidad para el ingreso de todo el territorio del Valle del Cauca, esto con el fin, y como lo manifesté, estamos en un tercer pico de pandemia”,
dijo, agregando que solo se permitirá el ingreso a camiones que “traigan precisamente cómo abastecer el departamento, combustibles y, sobre todo, el tema de medicamentos”.
Ataque contra manifestantes
Horas antes, al menos ocho miembros de la minga indígena resultaron heridos tras ser atacados por personas sin uniforme que, junto a la policía, dispararon contra la multitud que mantenía el bloqueo a una calle en esa ciudad.
“Los mingueros fueron atacados por una turba uribista [seguidores del oficialismo] en conjunto con [la] fuerza pública al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto”, denuncia el CRIC en un comunicado.
Para la asociación de autoridades indígenas, los civiles armados que atacaron a la manifestación “actúan como paramilitares”.
En videos que circulan en redes sociales, se observa el momento en que residentes de Cali accionan sus armas de fuego contra los manifestantes, mientras están acompañados por funcionarios policiales.
Los individuos armados pretendían levantar por la fuerza uno de los bloqueos de vías en el sur de la localidad, a donde se dirigía la minga.
Órdenes del presidente Iván Duque
Previamente, el presidente Iván Duque ordenó “el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública” en la ciudad.
“Basado en facultades constitucionales, di instrucciones al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior,
y al equipo de Gobierno que está en Cali que, con apoyo de autoridades locales, garanticen el mayor despliegue de capacidades de fuerza pública para brindar tranquilidad a los ciudadanos”, declaró.
Además, el mandatario ordenó aplicar “las normas de restricción del parrillero” (pasajero de motocicleta) y adoptar, junto con las autoridades locales,
“medidas de restricción de movilidad necesarias” con el objetivo de “minimizar riesgos de seguridad y la ley seca, todo en virtud de cuidar a la ciudadanía en general”.
Duque declaró que las autoridades deben levantar los bloqueos que “afectan la calidad de vida de los ciudadanos y vulneran sus derechos”,
y repitió su solicitud a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que retornen a sus resguardos.
Gobernadora del Valle del Cauca decreta el cierre del departamento por el aumento de casos de covid-19 y “la desbordada situación de orden público”
La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que se decretó el cierre de los accesos a todo el territorio de dicho departamento colombiano.
La funcionaria escribió en un tuit que la medida se adoptó “por la aceleración del contagio del covid-19, la alerta roja hospitalaria, y la desbordada situación de orden público”.
“Acabo de expedir el decreto con el cual se restringe la movilidad para el ingreso de todo el territorio del Valle del Cauca, esto con el fin, y como lo manifesté, estamos en un tercer pico de pandemia”
dijo, agregando que solo se permitirá el ingreso a camiones que “traigan precisamente cómo abastecer el departamento, combustibles y, sobre todo, el tema de medicamentos”.
La medida se adopta después de que este domingo la minga indígena fuese atacada por personas sin uniforme que, junto a la policía, dispararon contra la multitud que mantenía el bloqueo a una calle en Cali.
¿Diálogo o negociación? El dilema entre el Gobierno y los promotores de la protesta en Colombia en su primer encuentro
Cuando casi se cumplen dos semanas de manifestaciones en Colombia en un clima de creciente tensión social y política, los organizadores de la protesta y el Gobierno anunciaron que se sentarán a conversar.
Sin embargo, sus visiones de las causas de la crisis actual y las propuestas para resolverla parecieran chocar y dificultar un acercamiento que se iniciará este lunes.
Los obstáculos comienzan desde la concepción que tiene cada uno del diálogo. Mientras el Ejecutivo se ha referido a un proceso de conversaciones , el Comité Nacional de Paro, que coordina las manifestaciones,
exige un ” diálogo social o negociación útil” con resultados.
Sobre los responsables de los hechos de violencia en las movilizaciones también hay divergencia. Desde las instituciones del Estado hacen énfasis en los actos vandálicos y de terrorismo en las protestas,
mientras que grupos defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales y participantes de las marchas hablan del ” uso excesivo de la fuerza ” y de los “abusos policiales” en la contención de los manifestantes.
A pesar de las distintas visiones, en una carta oficial publicada el domingo, el Comité Nacional de Paro aceptó formar parte de una “reunión exploratoria” este lunes
y le pidió a la Casa de Nariño “respeto y garantías para el libre ejercicio de la movilización” .
Igualmente, solicitó para los próximos encuentros la presencia de miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia Episcopal.
¿Qué ofrece el Gobierno?
La oficina del Alto Comisionado para la Paz, asesor gubernamental en temas de acuerdo de paz, ha sido la encargada de organizar la agenda de reuniones con varios sectores.
Entre los puntos a tratar este lunes, la mayoría han sido propuestos por los promotores del paro nacional.
Los ejes fundamentales que maneja el Gobierno para conversar son:
- Vacunación Masiva.
- Reactivación económica y desarrollo social. Según la versión oficial, el Ejecutivo ha destinado más de 50 billones de pesos (13.286 mil millones de dólares) a la inversión social.
- Sacar la violencia de la manifestación legítima.
- Protección de los más vulnerables.
- Estabilización de las finanzas públicas.
- Exención del cobro de matrícula para los estudiantes de los niveles bajos y medio bajos.
Si bien el acercamiento con los organizadores de la protesta es el más esperado, el Gobierno de Duque empezó desde el pasado 5 de mayo una serie de reuniones con distintos sectores institucionales, sanitarios, religiosos y políticos.
¿Cuál es la posición de Duque?
La semana pasada, en su primer encuentro con la cabezas del poder judicial, el presidente colombiano se refirió de manera general a la necesidad de diálogo y la crisis que atraviesa el país suramericano.
De igual forma, evitó hablar directamente sobre las denuncias de represión policial y las posibles acciones de los órganos de Justicia.
Sin ahondar, manifestó que rechazaba “la violencia, las vías de hecho y a todas las manifestaciones y expresiones que atentan contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades”.
Del mismo modo, pidió el levantamiento de los bloqueos de las vías por parte de quienes se han sumado al paro.
Sobre los excesos policiales no se pronunció y dijo que valoraba “profundamente” que “todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos” fueran investigadas y sancionadas.
Críticas desde el inicio
Desde que comenzó, la ronda de diálogos ha generado críticas, a pesar de que el mandatario cedió a la presión social y llamó a conversar.
El tema de los excesos policiales ha sido evadido tanto por las instituciones judiciales como sanitarias que se han sentado en la Casa de Nariño, mientras que las movilizaciones han sido duramente cuestionadas.
En un acuerdo final tras un encuentro con el Gobierno, los gremios de salud rechazaron la violencia “venga de donde venga” y dijeron que esta ha reducido su capacidad de movilidad.
Además, afirmaron que el bloqueo de las vías ha afectado el traslado e vacunas y “el derecho a la vida de todos los colombianos”.
Estos acercamientos entre varios sectores del país se iniciaron con una opiniones encontradas en el Poder Judicial. El pasado jueves, tras una reunión con Duque, los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado,
de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Jurisdicción Especial para la Paz condenaron “los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo” en la protesta,
sin hacer mención a la represión policial y solo dijeron que los “delitos en el marco de la protesta” debían ser investigados y sancionados.
Sus declaraciones fueron rechazados por los magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar
que dijeron que sus colegas debieron condenar “el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y abuso de autoridad que también afecta al orden jurídico, los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
¿Qué exigen los organizadores del paro?
En casi dos semanas de protestas, la Defensoría del Pueblo ha registrado 27 muertes, 800 heridos y ha reportado 359 desapariciones.
En medio de ese escenario, los organizadores del paro nacional, cuya primera movilización fue el pasado 28 de abril, piden como punto inicial para sentarse con el Gobierno la “desmilitarización del país”
y el retiro del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de las manifestaciones.
Del lado de la principal promotora del paro nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente, Francisco Maltés, expresó que la protesta continuará mientras se definen cómo serán las negociaciones.
Maltés afirmó que proponen una negociación con el Ejecutivo que “debe ser útil y producir resultados” y que el Gobierno debe entender que debe “cambiar de política” y “dar un giro muy fuerte a lo social“.
Estas afirmaciones las hizo en una comparecencia virtual, como parte de la Audiencia Pública Nacional convocada por el Senado el pasado jueves en el contexto de la crisis.
Según el líder sindical, el conflicto y la “ebullición social” actual no son nuevos y se arrastran de 2019, cuando se llevó a cabo el primer paro nacional
luego de una pausa de tres décadas de manifestaciones multitudinarias antigubernamentales.
El presidente de la CUT expresó que las demandas del pliego de peticiones presentado a Duque en 2019 no fueron atendidas debido a que en esa oportunidad les dijeron que se buscaba abrir “diálogos si resultados”.
En esta oportunidad, quieren llegar a acuerdos.
En cuanto a la reforma tributaria, detonante de esta ola de movilizaciones, recordó que con indicadores como 21 millones de personas pobres, siete millones en pobreza crítica y casi la mitad de la población en la informalidad,
según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), es hora de que “paguen los que más tienen” y no los sectores bajos y medios como se había asomado en el instrumento legal retirado
por el Ejecutivo del Legislativo en medio de la presión social.
¿Cuáles son sus peticiones?
Las peticiones de los organizadores se basan en las demandas de 2019 y 2020, ya en el contexto de la pandemia. Los reclamos se resumen en:
- Retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, que es criticado por haberse creado de manera inconsulta y por fomentar la privatización de ese sector.
- Vacunación para la población.
- Renta básica de un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis.
- Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y de la soberanía y la seguridad alimentaria.
- Subsidio a la pequeña y mediana industria.
- Matrícula gratuita para los estudiantes.
- Garantizar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia.
- Rechazo a los privatizaciones del sector público.
- Derogación del decreto que abre paso a las aspersiones aéreas con glifosato, aprobado recientemente por Duque, a pesar de los cuestionamientos de grupos ambientales.
- Derogación del decreto 1174 que según sus detractores precariza las condiciones laborales con el país en beneficio de los empleadores..
Denuncian que una “turba de gente escoltada por la Policía” disparó contra indígenas y dejó 10 heridos en Colombia
En declaraciones a RT, el periodista Alfredo Molano Jimeno opina que el hecho de que el Gobierno de Iván Duque vincule las manifestaciones con grupos guerrilleros causa más rabia e indignación en las calles.
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que la organización nunca ha visto “en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos”
que los policías usaran “lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales” como, según había denunciado previamente, ocurre en Colombia.
De esta manera, Vivanco respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien destacó que las armas en cuestión se usan en caso de disturbios que “afectan la tranquilidad y la seguridad”
o cuando puede generarse violencia.
Declaró durante una entrevista con Deutsche Welle que se usan “frente a terceros, frente a otros ciudadanos con destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan”.
“De ninguna manera desde esas tanquetas puede haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano”, dijo.
Arma indiscriminada
“La explicación es muy pobre”, afirmó en respuesta Vivanco, también durante una conversación con DW. En ese contexto, sugirió que “el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles”,
agregando que “acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad”. Cabe señalar que Molano se desempeña como ministro de Defensa desde el 1 de febrero de 2021
y asumió el cargo después de que su predecesor, Carlos Holmes Trujillo, falleciera a finales de enero a causa del covid-19.
Vivanco detalló que las tanquetas están equipadas con un tipo de “lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales, no hacia arriba, horizontales,
que pueden lanzar aparentemente bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada”.
“Esto parece un procedimiento altamente peligroso, de alto riesgo, y creo que este tipo de prácticas son las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial”, reiteró.
La polémica comenzó después de que Vivanco publicara este miércoles un video en el cual se puede ver cómo policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia manifestantes en Colombia.
“Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes”, escribió en su cuenta de Twitter,
advirtiendo que se trata de un “arma peligrosa e indiscriminada”.
El ministro de Defensa, a quien Vivanco había pedido dar explicaciones, señaló que la grabación está bajo investigación.
El lanzador múltiple de proyectiles Venom
Mientras tanto, El Espectador informa que el arma en cuestión no es nueva, es un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos, denominado ‘Venom’.
De acuerdo con el periódico, es “una de las armas ‘no letales’ más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] para dispersar manifestaciones”,
que, según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, cuesta aproximadamente 400 millones de pesos (118.794,11 dólares).
El arma tiene 3 compartimientos de carga, cada de los cuales puede alojar 10 cartuchos electrónicos. Realiza disparos a una distancia de hasta 150 metros.
Venom usa dos tipos de munición: cartuchos eléctricos de aturdimiento que generan un destello de luz y sonido y cartuchos que generan una dispersión de humo y gas, señala El Espectador.
Mientras, el político Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá y la región de la Orinoquia (partido Comunes), señaló en su cuenta de Twitter que un proyectil de Venom cuesta 71,17 dólares.
Asimismo, difundió una imagen con características del arma, tomada del catálogo de la compañía CSI Combined System. El lanzador de 37mm “puede ser instalado en vehículos, trípodes e instalaciones estáticas”,
indica la foto. Las municiones de destello-estruendo ofrecen “capacidades de distracción y advertencia por lapsos prolongados durante operaciones diurnas y nocturnas”,
mientras que otras tienen “capacidad de lanzar densos volúmenes de irritantes o de humo para cubrir un área amplia en pocos segundos”.
Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque.
Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles..
La policía colombiana y ciudadanos sin uniforme disparan contra la minga indígena en una protesta en el sur de Cali
La minga indígena, que se sumó a las jornadas de protesta social que cumplen 12 días en Cali (Colombia),
fue atacada por personas sin uniforme que, junto a la policía, dispararon contra la multitud que mantenía el bloqueo a una calle en esa ciudad.
En videos que circulan en las redes sociales, se observa el momento en que residentes de Cali accionan sus armas de fuego contra los manifestantes, mientras están acompañados por funcionarios policiales.
Los individuos armados pretendían levantar por la fuerza uno de los bloqueos de vías en el sur de la localidad.
Ante la situación, la representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, expresó su rechazo y “grave preocupación” por los ataques sufridos por la minga indígena.
“Urgimos porque se investigue y sancione el ataque que deja por lo menos 8 indígenas heridos, entre ellos varias mujeres lideresas y defensoras”, recalcó.
Por su parte, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, afirmó tener “evidencia de presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados” contra la caravana de indígenas.
“Solicito que el material sea verificado y que se inicien de inmediato las investigaciones para dar con los responsables de estas acciones criminales”, añadió.
De manera preliminar, el periódico El Tiempo informó que los indígenas resultaron heridos de bala, mientras que un residente de la zona fue golpeado con una piedra.
El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, detalló que también fueron agredidos el procurador y el defensor del pueblo.
Ataque por el bloqueo de una víaEl Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que la minga indígena fue atacada por individuos armados, mientras se desplazaban por la autopista de Jamundí, y recalcó que el número de heridos ascendía a ocho.
“Los mingueros fueron atacados por una turba uribista [seguidores del oficialismo] en conjunto con [la] fuerza pública al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto”,
detalla el comunicado del CRIC. Para la asociación de autoridades indígenas, los civiles armados que atacaron a la manifestación “actúan como paramilitares”.
En varios videos, difundidos en las redes sociales, se pueden escuchar los disparos producidos contra los indígenas, quienes corren detrás de los que realizan los tiros.
Por su parte, los residentes de la zona reportan que miembros del grupo indígena respondieron al ataque armado con palos, piedras y machetes, y voltearon y quemaron varios vehículos de la comunidad.
Ante la situación, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) –organismo que ha sido severamente cuestionado por su brutalidad en la represión a las protestas– acudieron al lugar.
Según el CRIC, uniformados de esta unidad rodearon la Universidad del Valle, donde actualmente está la minga indígena. “Se teme una posible arremetida”, señalaron.
Declaraciones de las autoridades
A pesar de la situación en Cali, uno de los epicentros de las manifestaciones –que comenzaron en respuesta a la polémica reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque–, el mandatario
dijo que no iba a viajar a la ciudad para atender las demandas de la población e instó a los miembros del CRIC, que se han movilizado para respaldar la protesta social, a “retornar” a sus territorios.
“Hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad.
Para evitar confrontaciones innecesarias, quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos”, declaró.
Ante su negativa de acudir personalmente a Cali, Duque designó para la tarea a su ministro del Interior, Daniel Palacios, sin “limitar la movilidad” de los indígenas.
“Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”, detalló.
En momentos en que Colombia está en la mira de organizaciones de derechos humanos por la muerte de al menos 27 personas, en su mayoría a manos de la fuerza pública, además del reporte de 300 ciudadanos como desaparecidos,
Duque le solicitó al jefe de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, hacerse cargo de “la situación de orden público” en Cali, pero sin “caer en las provocaciones”.
Por su parte, el alcalde de Cali insistió en que la situación actual “es un problema político de carácter nacional“, por lo que solicitó al presencia del presidente y “todo el conglomerado nacional” en la ciudad,
“para resolverlo por la vía del diálogo”.
En horas de la madrugada, el mandatario colombiano efectuó una visita relámpago al Valle del Cauca y anunció que había realizado un “consejo de seguridad para enfrentar la situación de orden público”,
aunque no se reunió con ninguno de los factores que protagonizan el paro.
En un breve mensaje, Duque aseguró que conocía las “necesidades”, “reclamaciones” y “propuestas” de la juventud. “Tenemos claro que hay que priorizar una serie de intervenciones
que son necesarias para generar una vocación de esperanza y de futuro para la juventud”, dijo.
Sin aludir a un diálogo directo con los sectores descontentos con su Gobierno, el mandatario aseguró que ya tenía conocimiento de los “temas” que exigen los jóvenes.
Según Duque, la matrícula gratuita para la universidad, la participación política, el emprendimiento, la conectividad, las dinámicas culturales y las de transformación ambiental, forman parte de las demandas prioritarias.
“La juventud debe participar, se debe vincular a donde sus propuestas sean la que nos permitan llegar a soluciones rápidas y concretas”, recalcó el mandatario, quien invitó a ese sector a formar parte de los “espacios”
de negociación de Gobierno, que todavía no se ha reunido con los convocantes del Paro Nacional, a casi dos semanas del inicio de las manifestaciones en Colombia.
Iván Duque ordena “el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública” en Cali en medio de las protestas
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este domingo “el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública” en la ciudad de Cali (Valle del Cauca),
uno de los epicentros de las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.
“Basado en facultades constitucionales, di instrucciones al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior,
y al equipo de Gobierno que está en Cali que, con apoyo de autoridades locales, garanticen el mayor despliegue de capacidades de fuerza pública para brindar tranquilidad a los ciudadanos”, declaró.
Además, el mandatario ordenó aplicar “las normas de restricción del parrillero” (pasajero de motocicleta) y adoptar, junto con las autoridades locales, “medidas de restricción de movilidad necesarias”
con el objetivo de “minimizar riesgos de seguridad y la ley seca, todo en virtud de cuidar a la ciudadanía en general”.
Duque declaró que las autoridades deben levantar los bloqueos que “afectan la calidad de vida de los ciudadanos y vulneran sus derechos”,
y repitió su solicitud a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que retornen a sus resguardos.
Ataque contra manifestantes
Horas antes del anuncio de Duque, al menos ocho miembros de la minga indígena resultaron heridos tras ser atacados por personas sin uniforme que, junto a la policía,
dispararon contra la multitud que mantenía el bloqueo a una calle en esa ciudad.
“Los mingueros fueron atacados por una turba uribista [seguidores del oficialismo] en conjunto con [la] fuerza pública al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto”,
denuncia el CRIC en un comunicado. Para la asociación de autoridades indígenas, los civiles armados que atacaron a la manifestación “actúan como paramilitares”.
En videos que circulan en redes sociales, se observa el momento en que residentes de Cali accionan sus armas de fuego contra los manifestantes,
mientras están acompañados por funcionarios policiales. Los individuos armados pretendían levantar por la fuerza uno de los bloqueos de vías en el sur de la localidad, a donde se dirigía la minga.
Por su parte, los residentes de la zona reportan que miembros del grupo indígena respondieron a este ataque con palos, piedras y machetes y voltearon y quemaron varios vehículos de la comunidad.
Ante la situación, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) acudieron al lugar. Según el CRIC, uniformados de esta unidad rodearon la Universidad del Valle,
donde actualmente está la minga indígena. “Se teme una posible arremetida”, señalaron.
Denuncias de la ONU y la Defensoría
Por su parte, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, rechazó los ataques sufridos por la minga
y expresó su “grave preocupación” por los hechos. “Urgimos porque se investigue y sancione”, escribió en su cuenta de Twitter.
Además, Carlo Camargo, defensor del Pueblo, afirmó tener “evidencia de presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados” contra la caravana de indígenas.
“Solicito que el material sea verificado y que se inicien de inmediato las investigaciones para dar con los responsables de estas acciones criminales”, añadió.
Casi dos semanas de protestas
Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril, en un primer momento contra el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Duque.
A pesar de que la presión social obligó al mandatario a retirar su propuesta, los manifestantes continúan con las movilizaciones en las calles para pedir leyes que pongan fin a la pobreza y denunciar la violencia policial, entre otros.
Durante estas dos últimas semanas, numerosos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante el excesivo uso de la fuerza,
empleado por los agentes contra los manifestantes, y han hecho llamamientos a la calma.
En su última balance, la Defensoría del Pueblo reporta 27 fallecidos, en su mayoría civiles (26), además de centenares de personas desaparecidas.
En este marco de creciente tensión social y política, los organizadores de la protesta y el Gobierno se sentarán a conversar este lunes para intentar alcanzar acuerdos.
Confirman la muerte del joven Elvis Vivas, que habría sido agredido por policías durante las protestas en Colombia
El alcalde de Madrid (Cundinamarca, Colombia), Andrés Tovar, confirmó este sábado la muerte de Elvis Vivas,
el joven de 24 años que se encontraba hospitalizado tras resultar herido durante las manifestaciones del 1 de mayo en el municipio, recogen medios locales.
Vivas se encontraba en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en el hospital San Rafael de Facatativá desde el pasado 1 de mayo.
De acuerdo con los testigos, el joven fue agredido dentro de una estación de Policía.
“Estaba en una marcha […] pacíficamente, cuando la tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se le fue a todos los muchachos que estaban allí sin importar agredirlos.
Cuando la Policía interviene cogen a mi hijo y lo llevan a la inspección de Policía del Sosiego. Él entró bien y salió golpeado, me lo dejaron moribundo en la calle”,
señaló la madre del difunto a la fundación de defensores de la dignidad de los pueblos BAKIA.
Según los reportes, Vivas fue atacado por los policías al intentar apartarse del grupo de manifestantes cuando el Esmad arremetió contra ellos a pesar de que la protesta transcurría de manera pacífica.
El periódico El Espectador asimismo citó unos videos del lugar de los hechos, en los cuales se puede ver a cerca de 10 agentes pegando a Vivas, que les dice: “No más”.
ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD
En la misma protesta del 1 de mayo en Madrid falleció otro manifestante, Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años, tras recibir dos tiros de bala durante una intervención del Esmad.
El jueves, la Justicia Penal Militar y Policial de Colombia informó que fue capturado el mayor de la Policía, Carlos Javier Arenas Niño, como presunto autor responsable del homicidio de ese joven.
Ante estos acontecimientos, Tovar exigió a la Policía, la Fiscalía y organismos de control de Colombia llevar a cabo investigaciones sobre la muerte de estos dos manifestantes.
“La muerte de esos dos jóvenes no puede quedar en la impunidad, reitero mi llamado a las autoridades para que se agilicen las investigaciones.
Envío a toda la comunidad un mensaje de paz y reconciliación, la violencia no se puede atacar con más violencia”, declaró el alcalde de Madrid.
Brutalidad policial en Colombia
Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque.
Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del país, al menos 27 homicidios se produjeron “en el marco de las protestas” en diferentes ciudades de Colombia,
11 de los cuales “están ligados directamente a los hechos”, siete permanecen “en verificación” y nueve “no están relacionados con los hechos”.
Entre tanto, el número de desaparecidos en medio de las protestas aumentó a 548 entre el 28 de abril y el 7 de mayo. 189 personas ya fueron localizadas, por lo que todavía hay 359 personas “en proceso de verificación y ubicación”.
Por su parte, la ONG Temblores denunció que en 10 días de protestas se registraron “39 homicidios, 278 hechos de violencia física y 12 hechos de violencia sexual cometidos por miembros de la fuerza pública”.
“¡Esto tiene que parar ya!”, señaló la organización..
10 días de protestas en Colombia; decenas de muertos, heridos y desaparecidos
Alcalde de la ciudad colombiana de Cali: “Nunca hemos ordenado reprimir de manera violenta la manifestación”
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, negó este viernes que su gobierno haya ordenado reprimir las manifestaciones. A raíz de un presunto ataque armado perpetrado por policías vestidos de civil este jueves,
Ospina apuntó que en su administración se respetan los protocolos policiales establecidos.
“Desde la Alcaldía de Cali nunca ha salido una voz que oriente a reprimir de manera violenta la manifestación, a que no utilicen el vestuario que representa a la Policía Nacional,
o a que no cumplan los protocolos que están establecidos“, declaró Ospina en entrevista con RT.
El 6 de mayo, los habitantes de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, denunciaron en videos difundidos en redes sociales
que policías vestidos de civil descendieron de un camión y comenzaron a disparar a manifestantes en el sector de El Ancla, una zona ubicada al oeste de la ciudad.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Juan Carlos Rodríguez, confirmó que los uniformados se dirigieron al sitio, pero ofreció una versión de lo sucedido distinta a la que denunciaron los vecinos en El Ancla.
Según el general Rodríguez, los uniformados se desplazaron al sitio para atender robos violentos y extorsiones en la zona.
“Antes de realizar el procedimiento, uniformados llegan al sitio y descienden del vehículo en el momento que se registran disparos provenientes de una multitud, situación que deja como resultado dos policías heridos”,
declaró el comandante.
Por su parte, Ospina dijo que su gobierno construyó una “mesa de la verdad” que contará con la participación de organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de adelantar
“las investigaciones pertinentes frente a lo que será denunciado“.
Hasta la noche del 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo contabilizaba 26 homicidios en el marco de las protestas sociales y 90 personas desaparecidas. Además, reportó 354 civiles heridos y 38 integrantes de la fuerza pública.
En contraparte, la organización Temblores documentó 37 casos de violencia homicida, presuntamente a manos de integrantes de la fuerza pública;
275 víctimas de violencia física y 28 de agresiones oculares; y 936 detenciones arbitrarias.
Violencia en Cali
Desde el inicio de las protestas sociales, Cali ha reportado el mayor número de incidentes violentos y de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía General de la Nación investiga 7 homicidios en Cali relacionados con las protestas y “otras muertes” registradas en la semana.
La mañana de este viernes, la Alcaldía de Cali reportó un total de 47 personas heridas, de las cuales 14 se encuentran en condiciones graves.
Sobre los reportes de manifestantes desaparecidos durante las movilizaciones, Ospina aclaró que únicamente cuentan con una denuncia.
Otros casos de abuso policial
En la capital del Valle del Cauca también se han registrado algunos de los episodios más brutales de violencia policial. Durante las movilizaciones del 3 de mayo,
la Policía disparó gases lacrimógenos hacia manifestantes desde un puente, según pudo corroborar Human Rights Watch.
Además, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, denunció que miembros de su comisión fueron amenazados y agredidos
por las fuerzas de seguridad mientras daban seguimiento a las protestas en Cali.
“Mientras dábamos seguimiento a situación de derechos humanos en Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos.
Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”, explicó.
Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, se comprometió a investigar “todas las agresiones de la fuerza pública contra la población civil” en Cali, así como los actos violentos cometidos contra uniformados.
Iván Duque exige el fin de los bloqueos en las calles de Colombia y dice estar dispuesto a “escuchar a los que protestan y a los que no”
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este viernes que se liberen las calles bloqueadas en el marco de las protestas contra su gobierno,
y se mostró dispuesto a dialogar con todos los sectores políticos y sociales para superar la crisis.
“Sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otras personas”, manifestó el mandatario ante un grupo de periodistas.
Según Duque, las barricadas que permanecen en algunas calles de Bogotá y otras ciudades están causando desabastecimiento.
“No hay ninguna justificación para que existan bloqueos que estén evitando que lleguen los alimentos, el oxígeno y las vacunas”, indicó.
El presidente pronunció estas palabras tras mantener una reunión en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, con la Coalición de la Esperanza, bloque político de centro-izquierda.
En ese sentido, dijo que ya se abrieron canales de diálogo con varios sectores, y próximamente mantendrá un encuentro con el Comité del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones
e impulsó las huelgas que se desarrollaron en los últimos días.
“Tenemos disposición de escuchar a los que protestan y a los que no lo hacen. Invitamos al Comité del Paro,
y ya avanzamos en diálogos con diferentes sectores sociales, políticos y judiciales. Debemos entender que este es el momento para salir unidos y fortalecidos como sociedad”, declaró Duque.
Las manifestaciones, que se repiten por décimo día consecutivo, han dejado hasta el momento 26 muertos y 145 reportes de desapariciones, con 55 personas ubicadas y 90 pendientes de verificación,
informó la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo al organismo, 11 de esos fallecimientos están “ligados a los hechos” y siete están en verificación, mientras que otros siete “no están relacionados” con las protestas.
La ONG Temblores, sin embargo, eleva el número de víctimas mortales a 37.
Frente a esas alarmantes cifras, organismos de derechos humanos, tanto locales como extranjeros, han denunciado abusos de las fuerzas del orden público por la represión en algunas ciudades.
Al ser consultado sobre este punto, Duque expresó su “dolor” por las muertes ocurridas, y aseguró que mostrará “cero tolerancia” respecto a los abusos cometidos por uniformados.
“Somos prensa, ¿Por qué nos dispararon?”:
3 periodistas colombianos graban cómo el Esmad les dispara con perdigones mientras cubrían protestas
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Colombia abrió fuego contra 3 periodistas que este jueves estaban cubriendo protestas en el municipio de Sibaté, cerca de Bogotá,
y en el momento del ataque estaban realizando una transmisión en vivo, denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
De acuerdo con su comunicado, se trata de los reporteros del medio Loco Sapiens. La FLIP señaló que los agentes del Esmad “lanzaron gases lacrimógenos mientras se desplazaban en una tanqueta”
y, al acercarse a la zona en la que se encontraban los periodistas, dispararon directamente contra ellos con armas de perdigones.
“Los disparos fueron dirigidos a los periodistas a pesar de que ellos alzaron los brazos y gritaron fuertemente que eran prensa. Los reporteros estaban plenamente identificados,
tenían cascos marcados como ‘prensa’ y portaban carnés del medio”, detalló el organismo.
Dos de los tres periodistas resultaron heridos y los agentes del #ESMAD los intimidaron y les gritaron “ustedes solo vienen a hacer amarillismo”. Todo el ataque quedó registrado en la transmisión en vivo que estaba haciendo uno de los periodistas.➡️https://t.co/Ii9eH0oQ4hpic.twitter.com/yYLQPdoXQk
— FLIP (@FLIP_org) May 7, 2021
La FLIP también difundió un video que representa un fragmento de la transmisión de los periodistas y en el que se puede observar el momento en cuestión.
Se puede escuchar cómo, antes de que se produjeran los primeros disparos, los reporteros del medio advirtieron varias veces que eran “prensa” y luego declararon que estaban en vivo.
Dos periodistas resultaron heridos, pero no recibieron ayuda médica en el lugar y ninguna ambulancia respondió al llamado.
Después de una breve conversación con los periodistas, durante la cual estos preguntaron “por qué les dispararon”, los uniformados abandonaron el lugar y les gritaron “ustedes solo vienen a hacer amarillismo”, según recoge la grabación.
La fundación señaló que, desde el 28 de abril, registraron 115 ataques a la prensa. “De este total, 52 fueron cometidos por miembros de la fuerza pública, son responsables en el 45% de los casos”, indicó.
Este ataque deja nuevamente en evidencia que hay agentes de la @PoliciaColombia que usan la fuerza para censurar periodistas que cubren manifestaciones.Desde que comenzó el #ParoNacional hemos documentado 115 ataques a la prensa, 45% cometidos por miembros de la fuerza pública. pic.twitter.com/Pq5dncjnWY
— FLIP (@FLIP_org) May 7, 2021
“Reiteramos que los funcionarios y la fuerza pública tienen la obligación de garantizar el trabajo periodístico. La prensa es fundamental en momentos de manifestaciones sociales,
y no puede verse restringida arbitrariamente por agentes del Estado”, reiteraron desde la FLIP, solicitando una investigación de todos los casos de agresión de los uniformados contra los medios de comunicación.
Por su parte, el defensor de derechos humanos, abogado y analista político David Florez señaló que, pese a que las autoridades colombianas lo nieguen, las evidencias demuestran que la represión violenta ocurre bajo sus órdenes.
