Este martes se confirmó la muerte del estudiante y activista colombiano Lucas Villa Vásquez, quien se encontraba en terapia intensiva en un hospital luego de recibir ocho disparos, por parte de desconocidos,

la noche del pasado 5 de mayo en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, en medio de una protesta.

El fallecimiento del manifestante, de 37 años, ocurrió la noche del lunes, según confirmó su tía, Marta de las Salas, a Radio Nacional de Colombia,

horas después de que un estudio arrojara que presentaba una isquemia cerebral global, por lo que los médicos declararon su muerte encefálica.

Villa Vásquez permaneció cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde se mantenía conectado a un respirador. El cuerpo del activista ya fue trasladado a Medicina Legal.

Sin la “excusa” de la guerra, el conflicto más postergado llega a las calles: ¿cuáles son las raíces de la protesta social en Colombia?

Sobre las acciones del Gobierno para esclarecer los hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que un cuerpo élite se trasladó a Pereira para la investigación y que la Policía de Colombia ofrece 100 millones de pesos (casi 27.000 dólares) “por información para capturar a los responsables”.

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, lamentó el hecho y manifestó que se aplicará “todo el peso de la ley” a los responsables.

El pasado 5 de mayo, mientras manifestaban de manera pacífica, Villa Vásquez y Andrés Felipe Castaño fueron baleados en el viaducto César Gaviria de Pereira.

El momento del ataque, que habría sido perpetrado por un hombre en motocicleta, quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales.

En otra grabación, antes de recibir los ocho disparos, se aprecia al activista diciendo a cámara: “No están matando en Colombia”.

Reacciones

La noticia de la muerte del activista, que ha sido considerado como el ícono de las recientes protestas en Colombia, causó conmoción,

tras casi dos semanas de manifestaciones en el país suramericano en medio de una creciente tensión política y social.

Algunos hechos de violencia contra quienes participan en las movilizaciones han sido registrados en videos divulgados en las redes sociales y denunciados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En los registros audiovisuales se han evidenciado acciones de grupos de civiles armados contra los manifestantes, además de actuaciones desproporcionadas por parte de la Fuerza Pública.

Desde el inicio de las protestas el Colombia, el pasado 28 de abril, la Defensoría del Pueblo ha registrado 26 civiles muertos y un agente de la fuerza pública.

Por su parte, organizaciones sociales elevan esa cifra a 47 e indican que al menos 39 de los casos se debieron a “violencia policial”,

de acuerdo con un comunicado publicado el pasado domingo por la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

No se sabe con certeza cuántos son ni en dónde están. Lo que sí es un hecho es que las represiones policiales durante las protestas sociales en Colombia están dejando una estela de personas desaparecidas

en un país que arrastra una larga historia en torno a un delito que está considerado de lesa humanidad.

En su informe más reciente, la Defensoría del Pueblo informó que desde el 28 de abril ha recibido 145 reportes de personas desaparecidas durante las movilizaciones multitudinarias que han conmocionado a todo el país, de las cuales 55 ya fueron ubicadas. 

Con respecto a las 90 que falta localizar, el organismo reveló que puso los datos a disposición de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, por su parte, advirtió que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada

ha registrado la preocupante cifra de 471 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales, hasta el miércoles, solo 79 habían sido encontradas.

Varias de ellas denunciaron que fueron privadas arbitrariamente de la libertad durante horas o días, ya que las trasladaron a sitios no autorizados por la ley y sin presencia del Ministerio Público.

“En otros casos aparecieron golpeadas y fueron sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estos lugares de detención arbitraria, varían entre coliseos, casas y Comandos de Atención Inmediata”, precisó la organización de derechos humanos.

Agregó que algunas víctimas fueron custodiadas por personas vestidas de civil, o recibieron agresiones físicas y psicológicas por parte de integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Las mujeres reportaron violencia sexual y otras vejaciones basadas en género.

Sin precisiones

Entre las personas denunciadas como desaparecidas, informa la organización, dos fueron encontradas asesinadas en el cauce del Río Cauca: Brahian Gabriel Rojas López, un joven de 26 años que se manifestó el 28 de mayo

en el departamento de Risaralda y cuyo paradero se desconoció durante seis días, y otra víctima que todavía no ha sido identificada.

Pero todavía falta encontrar a 379. Por eso, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo

y al Director General de la Policía Nacional que den a conocer las listas de las personas detenidas durante las protestas y especifiquen por qué y a dónde han sido llevadas.

También exigió información sobre las personas capturadas con investigaciones penales abiertas en el marco de la protesta social, así como el listado de las reportadas como desaparecidas

señalando si se encuentran privadas de la libertad, el lugar de reclusión, quiénes han sido puestas ya en libertad y a quiénes falta encontrar.

La organización pidió informes sobre el resultado de la búsqueda sobre estas personas, qué mecanismos se han desplegado para encontrarlas y los nombres de quienes han sido asesinadas durante las movilizaciones,

indicando el lugar de los hechos, su condición de civiles o agentes de policías y cuántas de ellas fueron ocasionadas por armas de fuego, además de los manifestantes que han sido liberados

y las denuncias de víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso sexual y otras formas de violencias basadas en género.

“También exigimos que se active de forma inmediata el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para dar con el paradero de todas y cada una de las personas reportadas.

Por otra parte, se solicita habilitar en cada una de las ciudades capitales descritas (Bogotá, Cali, Armenia, Barranquilla, Medellín; Pereira y de las que llegue información de personas desaparecidas) una persona de nivel directivo

de la Fiscalía Seccional que cumpla labores de atención y rendición de cuentas a las familias de cada una de las personas reportadas como desaparecidas. Este responsable debe permanecer activo hasta dar con el paradero de cada una”, advirtió.

“Son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”

A raíz de esta situación, agregó, se hace necesario que se inicien investigaciones penales por el delito de desaparición forzada por cada grupo de hechos por lugar y temporalidad,

que determine la existencia del hecho, la adecuación típica, la identificación de los responsables y se realicen las labores probatorias que permita presentar acusaciones contra los mismos.

“Es necesario que se emprendan las acciones suficientes para que las unidades y fiscales de conocimiento que atienden los casos de detenciones en contextos de protesta social, realicen labores personales

de verificación, monitoreo y entrevista con los detenidos, para impedir la comisión de desapariciones forzadas en este tipo de situaciones”, explicó.

Demandas

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, un mecanismo surgido a raíz de los Acuerdos de Paz en Colombia, también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación

y a la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, para que cese la violencia desproporcionada en las protestas,

que han causado ya al menos 26 muertes y numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

“Son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”, señaló.

El desborde en ejercicio del poder por parte de la fuerza pública, agregó, es algo que no puede dejarse pasar “sin un mensaje claro e inequívoco de desaprobación” por parte del presidente en su calidad de

Comandante General de la fuerza pública, además de que el país tiene que cumplir con el mandato de estándares internacionales que disponen que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad

debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

“Se debe cumplir con la convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, insistió al hacer un llamado a las autoridades a no repetir

“patrones de violencia perpetrados en el pasado sobre los cuales aún hoy como sociedad tenemos la deuda histórica de responderles a miles de víctimas en circunstancias de violencia y conflicto armado”.

Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y el primer semestre de 2020, el conflicto armado en Colombia dejó un saldo de 80.582 personas víctimas del delito de desaparición forzada, de las cuales el 85 % son hombres.

Indígenas colombianos del pueblo misak derribaron la madrugada de este viernes la estatua del conquistador español y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada,

en busca de “justicia histórica contra crímenes de lesa humanidad”, según informó el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) a través de su cuenta en Facebook.

“Los pueblos originarios recuperamos uno más de nuestros espacios sagrados que fueron violados, perpetrados y despojados por los sicarios de la ‘conquista y la colonia española’.

[…] Gonzalo Jiménez de Quesada fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos”, señaló el AISO a través de un comunicado.

La estatua, inaugurada el 6 de agosto de 1960, se encontraba en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de la capital colombiana.

Tras tumbar el monumento, un grupo de indígenas subió al pedestal izando las banderas de su pueblo. La Policía intervino el lugar. Al lugar acudieron también agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad),

pero se mantuvieron alejados de la plazoleta, recogen medios locales.

Los indígenas asimismo expresaron su apoyo a las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada (y ya retirada)

por el Gobierno de Iván Duque y contra la brutal represión de la Policía y el Ejército contra los inconformes.

“De [Jiménez de Quesada] y su familia descienden familias élites de este país que han reproducido los grandes problemas que seguimos padeciendo: asesinatos,

corrupción y saqueo, constancia de esto fue la reforma tributaria […] derrocada en los últimos días por todos los pueblos unidos en las movilizaciones”, declaró el movimiento.

“Seguimos en paro permanente y convocamos a avanzar a una huelga general en Colombia, una huelga capaz de enseñarle a los que nos han gobernado por mas de 200 años, que los gobiernos deben tenerle respeto al pueblo colombiano”, agregó el AISO.

La semana pasada, los indígenas misak derribaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali.

Entonces, la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta, lo calificó como un “genocida”.

Además, Peralta dijo que “el genocidio que comenzaron los colonizadores no ha terminado”, puesto que “en el Gobierno de Duque han asesinado más de 190 líderes indígenas”.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia hizo un llamamiento para que se garantice “el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta” en el país suramericano,

luego de los acontecimientos suscitados durante las manifestaciones que se llevan a cabo desde el 28 de abril.

En estas jornadas, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 26 homicidios, de los cuales 11 están “ligados a los hechos” y siete están en verificación, mientras que otros siete “no están relacionados”

con las manifestaciones. La ONG Temblores, sin embargo, eleva el número de víctimas mortales durante las protestas a 37.

Al respecto, la ONU insiste en que toda acción de la fuerza pública “debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos”.

El organismo multilateral también señala que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 —entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—

ofrece elementos para reglamentar estas garantías, tanto a las protestas como el respeto a los derechos humanos, y fortalecer la participación ciudadana.

Desde esta oficina, además, condenan “cualquier tipo de acción violenta, incluidos violencia sexual, actos contra la infraestructura y todos aquellos que vulneren los derechos humanos”,

por lo que exhorta a que se aceleren los procesos investigativos, de judicialización y sanción a las personas que cometan estos delitos.

“Nos están matando”: indignación en Colombia por el caso de Lucas Villa, un activista pacífico que recibió ocho disparos mientras protestaba

La ONU celebra la invitación del gobierno nacional para la realización de diálogos con diferentes sectores, involucrados o no en las manifestaciones.

Al respecto, esperan que estas conversaciones se lleven a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura.

Denuncias de agresiones

También, desde esta oficina piden que se garantice “el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la misión médica y misiones humanitarias para la población que requiere asistencia en medio de la pandemia”.

El pasado martes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, denunció que miembros de su comisión fueron amenazados

y agredidos por las fuerzas de seguridad mientras daban seguimiento a las protestas en la ciudad de Cali, que ha sido el epicentro de las manifestaciones.

“Mientras dábamos seguimiento a situación de derechos humanos en Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos.

Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, explicó.

Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, condenó el “uso excesivo de la fuerza” durante las manifestaciones en la nación suramericana y llamó a la calma

El director ejecutivo para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este miércoles un video en el cual se puede ver como policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los manifestantes en Colombia.

“Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un “arma peligrosa e indiscriminada”.

Por consiguiente, pidió al Ministerio de Defensa del país dar explicaciones.

Vivanco también publicó otro video, filmado el 3 de mayo en Cali, en el cual la Policía disparó gases lacrimógenos hacia manifestantes desde un puente. “Esos cartuchos pueden causar heridas muy graves.

La Policía nunca debería dispararlos directamente contra personas”, aseveró el director para las Américas de Human Rights Watch.

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque.

Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.

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Vivanco informó que Human Rights Watch recibió denuncias sobre 36 muertes en Colombia. Previamente, señaló que la organización pudo confirmar 11 muertes ocurridas en el contexto de las protestas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que para el 6 de mayo ocurrieron 26 homicidios durante las protestas, de los cuales 11 están “ligados a los hechos” y siete están en verificación,

mientras que otros siete “no están relacionados” con las manifestaciones. La ONG Temblores, sin embargo, eleva el número de víctimas mortales durante las protestas a 37.

“Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía—y en especial el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios]— son capaces de respetar plenamente los derechos humanos en estas circunstancias.

El debate sobre una reforma policial es impostergable“, declaró a principios de la semana Vivanco

Residentes de Cali, en el departamento colombiano de Valle del Cauca, denunciaron que unos policías vestidos de civil atacaron la tarde de este jueves a manifestantes en el oeste de la ciudad, en Portada al Mar.

De acuerdo con reportes, los agentes se desplazaron en un camión y, al bajar, empezaron a disparar contra los manifestantes que se encontraban en las cercanías.

“Se bajaron de un camión vestidos de civil, este es uno de los camiones. […] Andan dando plomo, le están dando plomo a la gente”, afirmó el hombre en un video que se difundió en las redes sociales.

Desde el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) señalaron que unos jóvenes “se encontraban ejerciendo control legítimo del territorio en el marco del Paro Nacional” en la zona

y detuvieron un camión que “trató de transgredir el control”. Afirmaron que entonces 15 individuos “fuertemente armados con fusiles” descendieron de la parte de atrás del vehículo y dispararon.

Algunas personas afirmaron que el camión pertenece a la Policía Nacional. Mientras tanto, la Guardia Indígena, CRIC, denunció que unas prendas policiales fueron encontradas en su interior.

La información al respecto fue divulgada también por el CRIC. “Dentro de este vehículo se encontraron objetos alusivos a la Policía (chaleco, gorra y esposas)” y una placa adicional, recoge, citando a los mencionados

jóvenes. “Indicaron que este material de evidencia no será entregado a las autoridades sino directamente a los representantes de organizaciones internacionales para hacer la denuncia de este atentado”, indicó.

En videos se observaron también a integrantes de las fuerzas militares que, según se reportó, defendieron a la población civil.

Además, medios locales reportan que representantes de la ONU, funcionarios de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General colombiana acudieron al lugar de los hechos.

Respuesta de la Policía

Desde la Policía confirmaron que las personas en cuestión pertenecían a la institución. El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Cali,

declaró que unas personas realizaron “de forma sistemática extorsiones, intimidaciones con armas de fuego y exigencias económicas ilegales” en la zona desde hacía varios días.

“Antes de realizar el procedimiento, uniformados llegan al sitio y descienden del vehículo; en el momento en que se registran disparos provenientes de una multitud, situación que deja como resultado dos policías heridos,

uno en el pecho y uno en una mano”, declaró. En ese contexto, reiteró que “las personas en este lugar agreden a nuestros uniformados, quienes para salvaguardar su integridad se alejan del lugar,

evitando hacer uso de las armas de fuego, por la cantidad de personas que se presentaban en el lugar”.

Respecto a los videos que se difundieron en las redes sociales, dijo “que van a ser aportados a la autoridad competente con el fin de iniciar las investigaciones necesarias del caso”.

El general rechazó que se estuviera haciendo algún ataque contra la protesta, mientras que dijo que se trataba de miembros de la Policía Judicial que visten prendas de civil.

Desde el pasado 28 de abril, miles de colombianos están en la calle en protesta contra el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones, que comenzaron contra una reforma tributaria —que ya fue retirada—,

han derivado en otras peticiones, ante la precaria situación social de millones de ciudadanos en el país suramericano y la dura represión policial y militar.

La situación, que ha dejado 24 muertos, según la Fiscalía colombiana, y 34, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha causado conmoción internacional.

EE.UU., uno de los países que suele pronunciarse rápidamente ante diversos hechos ocurridos fuera de su frontera, apenas el pasado martes 4 de mayo fue que emitió una postura con respecto a Colombia.

La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, fue la encargada de hacer ese primer pronunciamiento de la administración de Joe Biden.

En una conferencia de prensa, antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas, la funcionaria dijo que EE.UU. estaba “profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia”

y que enviaba “sus condolencias a los familiares y amigos de todas las víctimas”.

Aunque reconoció que “los ciudadanos de los países democráticos tienen el derecho incuestionable de protestar pacíficamente”,

posteriormente se unió al discurso ofrecido por el Gobierno colombiano durante estos días, en el que hace énfasis en el “vandalismo” dentro de las manifestaciones.

Al respecto, Porter dijo: “La violencia y el vandalismo es un abuso de ese derecho [a la protesta]”.

La funcionaria también instó a las fuerzas públicas colombianas, que han sido señaladas de violentar los derechos humanos en las manifestaciones, a “la máxima moderación” para evitar “más pérdidas de vidas”.

Por último, Porter le dio un espaldarazo al Gobierno de Duque al prometer que EE.UU. apoyará a la administración colombiana “para abordar la situación actual a través del diálogo político”.

Congresistas se pronuncian

Entretanto, se oyen diversas voces en el Congreso. El congresista republicano por el estado de Florida Mario Díaz-Balart manifestó su preocupación “por la violencia que está ocurriendo en Colombia, incluyendo la trágica pérdida de vidas”.

No obstante, en su declaración recurrió a la versión del Gobierno colombiano, que apunta a la presunta participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las protestas “para sembrar el caos, la división y la violencia”.

Asimismo, pese a las denuncias contras las fuerzas policiales, reconoció a Duque por “sus esfuerzos para preservar el estado de derecho en Colombia”.

Por su parte, el congresista demócrata por Massachusetts Jim McGovern dijo, a través de Twitter, que estaba “profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas”.

Indicó que se trata de “un patrón perturbador” de “uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes”, que ya ocurrió en noviembre de 2019 y septiembre de 2020.

McGovern defendió que “la protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes” y llamó a poner “fuertes condiciones” a la ayuda que EE.UU. le da a la Policía colombiana.

“No hay ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios colombianas del Esmad que cometan graves violaciones de derechos humanos”, enfatizó.

También se pronunció Gregory Meeks, quien preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dijo estar “particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali” y pidió al presidente Duque “disminuir la violencia”.

“Es imperativo que la Ley Leahy de EE.UU. se aplique plenamente”, mencionó, al referirse a una normativa que prohíbe a su país apoyar a fuerzas de seguridad que participen “en graves violaciones de los derechos humanos”.

También hubo un pronunciamiento de la senadora demócrata del Senado del estado de Florida Annette Taddeo, quien es colombo-estadounidense.

“Las autoridades de cualquier país tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y pido al presidente Duque que comunique claramente que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable“, dijo.

Informó, además, que se comunicó personalmente con la administración de Biden, para “llamar la atención sobre esta crisis humanitaria”.

El día en que se pronunció Porter, después de la amplia reacción internacional de condena a la represión policial contra el Gobierno colombiano, el presidente Duque anunció su disposición

de abrir un “espacio para escuchar a la ciudadanía”, aunque insistió en acusar a los manifestantes de apelar al “vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad”.

Pedido frente a la Casa Blanca

Mientras, algunas personas se congregaron frente a la Casa Blanca para manifestar su indignación por lo que ocurre en Colombia y hacer algunas peticiones al Gobierno estadounidense.

“Hoy se están presentando asesinatos por parte de agentes del Estado, desapariciones, violaciones a mujeres y violaciones sistemáticas de derechos humanos”, leyó uno de los asistentes.

Ante ello, pidieron que se retire el apoyo económico que EE.UU. le brinda a Colombia para librar la batalla contra la drogas. Señalan que ese dinero “no está siendo utilizado pata tal fin”, sino para “masacrar” al pueblo en las calles.

El año pasado, el Congreso estadounidense aprobó más de 450 millones de dólares de asistencia para Colombia en 2021.

Durante la discusión del proyecto, varios congresistas propusieron que un porcentaje de esa ayuda fuese condicionada a la certificación estadounidense en dos áreas: la defensa de derechos humanos y la lucha contra las drogas.

“Nos están matando en Colombia”. Estas fueron algunas de las últimas palabras que pronunció el estudiante y activista Lucas Villa Vásquez antes de recibir ocho disparos,

en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos la noche del miércoles 5 de mayo en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, ubicada en el eje cafetero.

La alegría, el baile y los cánticos de Lucas fueron acallados a balazos en un instante. El estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

está en terapia intensiva y se reporta en estado crítico.

Villa Vázquez ingresó a las 07:59 de la noche (hora local) al Hospital Universitario San Jorge. Aunque algunas versiones aseguraban que el hombre de 37 años tenía muerte cerebral,

el gerente de la clínica, Juan Carlos Restrepo, dijo a Semana que su pronóstico era reservado y que están a la espera de ver si evoluciona tras ser atendido en la unidad de cuidados intensivos.

“Está siendo manejado por Neurocirugía, Neurología clínica e intensivistas. El paciente inmediatamente fue intubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos”, contó Restrepo.

Durante el ataque armado a la altura del viaducto César Gaviria, también resultó herido de gravedad Andrés Felipe Castaño, con lesiones en cuello y abdomen; y Javier David Clavijo, con un disparo en la pierna, según reportaron medios locales.

En redes sociales se difundió un video sobre el supuesto momento en que Lucas, Andrés y Javier fueron atacados a balazos por al menos un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta.

Una mujer, presumiblemente pareja de una de las víctimas, grabó la escena con su celular.

Cientos de jóvenes convocaron este jueves a una jornada de velatón en Pereira para exigir justicia por el ataque armado que dejó a Lucas al borde de la muerte, y con lesiones a Andrés y Javier.

Violencia en Colombia

Hasta este jueves, la Defensoría del Pueblo reporta 24 fallecimientos, 352 personas lesionadas y 89 desaparecidos. No obstante, organizaciones sociales documentan un saldo de 34 muertes

y más de 300 ciudadanos no localizados en el marco de las protestas sociales y la represión orquestada por la fuerza pública y por civiles armados.

Además, la organización Temblores denunció 1.708 casos de violencia policial en contra de manifestantes, entre las que se cuentan 22 víctimas de agresión en los ojos y 10 de violencia sexual.

Además, documentaron 110 agresiones en donde los uniformados utilizaron armas de fuego en contra de ciudadanos.

Respuesta de Duque y Maya

El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó el ataque armado en Pereira. En su cuenta de Twitter, el mandatario pidió al director de la Policía Nacional, el mayor Jorge Luis Vargas,

dar “con el paradero de los culpables y llevarlos ante la Justicia”.

“No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos“, aseveró Duque.

De momento, se desconoce la identidad de los agresores. No obstante, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, de la coalición Más Cambio, ha sido fuertemente criticado porque en el contexto de las protestas en la ciudad,

instó a los “miembros de la seguridad privada” para que formasen “un frente común” junto a la Policía Nacional y el Ejército, para “recuperar el orden en la seguridad ciudadana”.

Las declaraciones de Maya fueron interpretadas por algunas personas como una abierta aceptación de la formación de grupos paramilitares para violentar las protestas sociales.

En medio de la conmoción por el brutal ataque contra Lucas, Andrés y Javier, en Twitter se hizo viral la etiqueta #MayaDioLaOrden.

Por su parte, la noche del miércoles Maya exigió a la Policía “dar con los autores materiales e intelectuales del atentado” y precisó que había sido perpetrado “en el viaducto de Pereira”.

El alcalde también ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (unos 13.000 dólares) por información que conduzca a la captura de los agresores.

Criminalización de la protesta social

Desde el Gobierno de Duque hasta la actuación de gobernantes locales como Maya, las legítimas protestas sociales en Colombia han sido criminalizadas en el discurso político.

Los actos vandálicos registrados en algunas movilizaciones han sido el pretexto ideal para calificar a estos grupos como terroristas, pese a que miles de ciudadanos se movilizan pacíficamente.

Por qué Cali es considerada el epicentro de las protestas en Colombia

En cambio, se guarda silencio y se perpetúa en la impunidad las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

en contra de manifestantes, las cuales han sido documentadas por ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales.

Desde el 28 de abril comenzaron las protestas sociales en Colombia, en rechazo a una polémica reforma tributaria presentada (y después retirada) por el Gobierno de Duque.

Sin embargo, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza pública, amparado por el poder político, han reavivado los reclamos en las calles.

En este contexto de violencia y bloqueos en las calles, varias ciudades colombianas registran la falta de abastecimiento de alimentos e insumos básicos.

Los habitantes de Pereira reportaron esta semana el desabastecimiento de alimentos y de gasolina

Además, en medio de estas carencias, los precios de los insumos básicos se han disparado, una tragedia para un país en el que el 42,5 % de la población está en pobreza monetaria

y el 15,1 % se encuentra en condiciones de pobreza extrema, según datos oficiales.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó este jueves que abrió 82 corredores humanitarios en los departamentos que están catalogados como “puntos críticos”,

debido a la crisis social derivada de las protestas masivas que durante la última semana han sido reprimidas por las Fuerzas de Seguridad.

El organismo explicó en un comunicado que se ha desplegado a decenas de servidores públicos con el fin de permitir el paso de las comunidades, personal médico y heridos,

así como el transporte de oxígeno, alimentos, medicinas y combustibles.

“La Defensoría ha dispuesto funcionarios en todo el territorio nacional, con el objetivo de vigilar el respeto de los derechos humanos en medio de la protesta”, aseguró el organismo,

en momentos en que la tensión social se mantiene ante las movilizaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque y cuyas represiones han dejado un saldo de por lo menos 24 muertos, 800 heridos y 89 desaparecidos.

“Aunque las actuales circunstancias del país son difíciles, también hay que resaltar los avances y acuerdos que hemos logrado en varias regiones a través de los corredores humanitarios por donde han circulado camiones con alimentos, medicinas y combustibles.

Nuestra misión es proteger, defender y prevenir la violación de los derechos humanos y en eso no ahorramos nuestros esfuerzos”, añadió.

De acuerdo con los datos oficiales, gracias a la mediación de la Defensoría entre las autoridades y los voceros del paro se logró abrir el paso en carreteras de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca.

En Cali, en donde la represión fue más fuerte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se reunió el martes con autoridades y manifestantes

y logró que se permitiera el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos, así como la entrada y salida de camiones de aseo y el suministro de gasolina en el sector.

Accesos

Por otra parte, a través del corredor humanitario entre Bogotá y Villavicencio, se llevaron pipetas de oxígeno a la capital del Meta, mientras que en la vía de Fusagasugá a Melgar se permitió el paso a los camiones

con bienes de primera necesidad, y en la vía a Soacha pudieron transitar personal médico y transportistas de alimentos.

En la ruta de Villavicencio a Guamal se abrió el tránsito de ambulancias y personal médico; en Huila ingresaron misiones médicas; en el cruce Acevedo-Suaza-Florencia

se garantizó el paso de gas domiciliario y de personal médico, y en Pitalito pasaron alimentos de primera necesidad.

Manifestaciones en varios países de América Latina para protestar contra la violencia policial en Colombia

Entre Bucaramanga a Cúcuta se logró el paso de ambulancias con personas enfermas y medicamentos, y con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

, se busca el transporte de pipetas de oxígeno. En cuanto a Risaralda, los vehículos de carga llevaron alimentos al municipio de Marsella.

En Meta, pasaron tres carrotanques con gasolina hacia San Martín de los Llanos. Y con la Regional Guaviare se envió un camión con gas propano al municipio de Granada,

mientras se tramita otro transporte de combustible a Fuente de Oro. En Boyacá se hizo acompañamiento para el paso de ambulancias y de vehículos con oxígeno.

Para el Norte de Santander se abrió el corredor humanitario en el trecho que comunica Tibú con Cúcuta, lo que permitió el tránsito de vehículos tanto de transporte de carga y de pasajeros.

En Arauca, la mediación permitió el desbloqueo de la vía Nacional, que es la principal ruta de conexión de este departamento con el resto del país.

Y en Bolívar, el trabajo de los funcionarios terminó con el desbloqueo en el Puente Roncador, en Magangué.

Grupos de personas en varios países de la región salieron a las calles a expresar su respaldo a las protestas en Colombia y a pedir el cese de los abusos policiales contra los manifestantes.

El miércoles, hubo concentraciones en algunas sedes diplomáticas de países como Argentina, Chile, Canadá y Panamá, mientras que en Colombia se llevaba a cabo el octavo día de movilizaciones,

que comenzaron en rechazo al proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque pero que han ido incluyendo demandas económicas, sanitarias y sociales.

En medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales sobre el “uso excesivo de la fuerza” para contener a los manifestantes,

varios colectivos y grupos en otros países han manifestado su rechazo.

Una de las voces que se ha alzado fuera de Colombia en contra del abuso policial pertenece a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana,

que en un comunicado exhortó a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos del mundo a “tomar acciones urgentes para frenar la masacre a nuestros hermanos”.

Hasta ahora, la Defensoría del pueblo maneja el registro de 24 muertos, 800 heridos y 89 desaparecidos, mientras que las organizaciones sociales elevan el número de fallecidos a 31.

Concentraciones en varios países

En Santiago de Chile se llevó a cabo una movilización en apoyo a los manifestantes colombianos y en contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial. Esta protesta culminó con la acción de Carabineros.

Inicialmente, la concentración pacífica se congregó en el Consulado de Colombia en Chile, en la avenida Andrés Bello de la capital de ese país. Posteriormente, se desplazó a la Biblioteca Municipal, a menos de 500 metros, donde se hizo un velatón por los fallecidos en las protestas.

Sin embargo, personas ajenas a la convocatoria levantaron barricas y obstaculizaron las vías por lo que las autoridades arremetieron contra todos los presentes y disolvieron la actividad.

Otra de estas concentraciones en la región ocurrió a las afueras de la Embajada colombiana en Panamá, donde varios asistentes expresaron consignas a favor del respeto a la vida y el derecho a la protesta.

Otro plantón de este tipo se realizó en las cercanías de la Embajada y el Consulado de Colombia en Ciudad de México, donde se exhibieron carteles con la consigna “Nos están matando”.

Las acciones de respaldo a Colombia también llegaron a las inmediaciones de la sede diplomática de ese país en Buenos Aires, donde se hizo una actividad en la que los participantes exhibían pancartas con lemas como “Fuera Duque” y “Basta de represión”.

Una convocatoria del mismo tipo tuvo lugar en la Embajada de Colombia en Quebec (Canadá), en el norte del continente, donde los manifestantes expresaron: “Estamos lejos pero no ausentes”.

Las masivas jornadas de protestas que vive Colombia desde hace más de una semana, marcadas por violentas represiones policiales que ya han causado al menos 24 muertos, han cruzado las fronteras

y han despertado la solidaridad más allá de los límites del país latinoamericano. Este es el caso del cantante panameño Rubén Blades.

Blades ha publicado un texto en todas sus redes sociales, sumándose así a figuras reconocidas internacionalmente, como Justin Bieber, Residente o Diego Torres, en el que muestra su compresión y solidaridad

con el pueblo colombiano, a la vez que explica cuáles cree que son los motivos detrás de las multitudinarias manifestaciones.

En la extensa publicación, Blades sostiene que “las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no parece que pueden ser explicadas solamente por el descontento popular

expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque”.

Opina que aunque es comprensible la oposición al aumento de la presión fiscal “en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica”, el mayor motivo de furia en la población

“es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales”.

Así, el cantante repasa abusos policiales que se han dado en tiempos recientes en el país, como la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, o la sucedida hace ocho meses del estudiante de derecho Javier Ordoñez,

que murió tras recibir más de una docena de descargas eléctricas de agentes de la Policía, en un incidente que recuerda al asesinato de George Floyd en EE.UU.

Blades considera que la retirada del proyecto tributario por parte del presidente del Gobierno no ha servido para mitigar la furia popular, porque es “producto de una rabia y descontento latente

hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el Gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano”.

Y argumenta que en Colombia parece haber un sector que cree que “las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario”.

El cantante sostiene que las protestas han sido enfrentadas con “un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza”

que ha provocado ya “24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual”.

VIDEOS: Octavo día de protestas en Colombia contra la violencia policial mientras las organizaciones elevan la cifra de muertos

Aunque admite que entre quienes protestan pacíficamente también se encuentran personas que provocan desorden y tragedia, pide no perder de vista “la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos

a proteger y velar por el interés ciudadano y que parecen no haber cumplido correctamente con su deber”.

Blades defiende que el Gobierno colombiano no trate a su población como si se encontrase ante un combate con una guerrilla: “La fuerza pública no es un ejército,

ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser atacados primero con armas letales”. Asimismo, pide que el Ejecutivo considere “una revisión de su mentalidad de sitio”

y abandone “la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público”.

El cantante termina su misiva deseando que se desarme la “mala costumbre” en vigor en el país desde la ‘guerra de los mil días’, que consiste en que “la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia”.

Convulsión en Colombia

Desde el pasado 28 de abril, Colombia vive días de convulsión social debido a las masivas protestas que se desataron como repulsa a un proyecto gubernamental de reforma tributaria anunciado por el presidente Iván Duque.

A pesar de que el proyecto ya ha sido retirado del Congreso, las protestas continúan con nuevos reclamos.

Hasta este miércoles, según la Defensoría del Pueblo, se habían producido 24 muertes y el Ministerio de Defensa había contabilizado 846 heridos, de los cuales 306 son civiles.

Además, las autoridades han detenido a 431 personas.