CUMPLIMIENTO
TENTÁCULOS DEL ANTICRISTO
Cuando protestar te cuesta la vida: Las cifras de la violencia homicida contra manifestantes a 36 días del Paro Nacional en Colombia
Al menos 76 personas han fallecido en el contexto de las protestas en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año.
Esas cifras, que apenas cuentan la historia de las víctimas, se traducen en dos muertes diarias desde que se convocó al Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque.
De acuerdo a los más recientes datos de la ONG Defender la Libertad, el país suramericano acumula 76 homicidios,
de los cuales 34 habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. El resto, según el reporte, obedecería a crímenes ejecutados por “civiles” sin identificar.
“Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas”,
precisa la organización, que no solo ha dejado asentada su preocupación por los niveles de violencia homicida,
sino que se ha puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “informar, visibilizar y analizar los patrones de agresiones” que se ha registrado.
Los datos recabados por las organizaciones sociales son divulgados días antes de que se concrete la visita a Colombia de la CIDH,
que prevé enviar una comisión a partir del 8 de junio, para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes.
El conteo de esa organización sobre la violencia homicida difiere del que registra la ONG Temblores, que a la fecha da cuenta de 45 asesinatos
presuntamente perpetrados por agentes de la fuerza pública.
La Fiscalía, entretanto, contabiliza 48 muertes, de las cuales asegura que 20 “no están relacionadas directamente con las protestas”.
“Ausencia de claridad”
Además de los muertos, las organizaciones sociales de Colombia denuncian otras violencias. Según Defender la Libertad, en las semanas de manifestaciones
se han registrado 998 heridos por la presunta actuación desproporcionada de la fuerza pública, de los cuales 74 han resultado con lesiones oculares y 87 heridos con arma de fuego.
“Del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género;
lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales,
debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social”, precisa el informe.
Entre los agredidos están 151 defensores de derechos humanos, a pesar de estar plenamente identificados y ejerciendo labores en comisiones de verificación e intervención;
491 mujeres víctimas de violencia policiales –dos de ellas asesinadas presuntamente por la fuerza pública–, y 87 que sufrieron abusos basados en género
(acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas y hostigamientos).
La ONG también da cuenta de la detención de 2.395 personas, presuntamente de manera arbitraria; 20 allanamientos; 1.273 denuncias por abusos de poder;
y 346 reportes de desaparecidos, aunque la Fiscalía solo tiene un registro de 89 personas que están reportadas en esa condición.
Sobre ese último punto, la organización alega que la disparidad con la Fiscalía “demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones
para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada”.
Temblores, por su parte, registra un total de 3.789 casos de violencia policial, que incluyen 1.248 víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias contra manifestantes,
705 intervenciones en el marco de las protestas, 65 víctimas de agresiones oculares, 180 por armas de fuego, 25 personas agredidas sexualmente
y otras seis que padecieron violencia basada en género.
En diálogo con RT, Nelson Alarcón, de la Federación Colombiana de Educadores, consideró que lo que ha hecho el Gobierno ha sido “declararle la guerra” al Paro Nacional,
permitiendo el abuso de la fuerza pública y la acción de civiles armados contra las protestas, en paralelo con la “estigmatización” de los manifestantes.
“El Gobierno nacional hoy no quiere negociar, hoy no quiere buscarle salidas a toda esta problemática.
Lo único que quiere es estigmatizar, seguir la barbarie, seguir los asesinatos, continuar con las masacres que hoy está realizando a lo largo y ancho del territorio colombiano.
No le interesa el diálogo, la concertación”, recalcó Alarcón.
¿Violencia sistemática?
Para las organizaciones sociales que han documentado, registrado y denunciado los hechos de violencia contra los manifestantes,
hay un patrón innegable de sistematicidad en las agresiones perpetradas por la fuerza pública.
Un hecho que, aunado a la participación de “civiles” armados junto a la policía, representa un peligro para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta en Colombia.
“Ante el aumento y la sistematicidad de la violencia policial, exigimos que el gobierno se pronuncie de manera contundente frente a los casos de abuso por parte de la Fuerza Pública.
También, esperamos un pronunciamiento rechazando el hecho de que haya civiles con armas de fuego disparando a quienes se manifiestan”, escribió la plataforma Temblores.
Sin embargo, Duque niega que la actuación desproporcionada de los agentes policiales y militares contra manifestantes sea sistemática.
A principios de esta semana, el mandatario aseguró que los excesos son “una minoría de hechos”.
“Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación.
En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año.
¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿Pero es algo sistemático?
No, porque es una minoría de hechos”, declaró Duque en entrevista con el diario El País,
tras aseverar que las denuncias “se han investigado y sancionado”.
“La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años.
Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia”, comentó a ese mismo medio.
Y aseguró que no quedará ni un solo caso “sin investigar” porque su país “tiene instituciones independientes”.
“Esos vándalos lo que necesitan es plomo”:
La polémica sugerencia que hizo un legislador colombiano a través de un chat del Congreso
En Colombia, en medio de las protestas antigubernamentales que este viernes cumplen un mes, se ha generado una nueva polémica,
luego que un diputado sugiriera “plomo” a los “vándalos” en un chat del Congreso.
“Esos bandalos (sic) lo que necesitan es plomo, así dejan la joda”, escribió el legislador Milton Angulo, del uribista partido Centro Democrático,
quien es miembro de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali,
ciudad que ha sido el epicentro de las manifestaciones en el país suramericano.
En el mensaje, además, dice que “las armas del Estado”
son para “defender a la gente de bien y neutralizar a los delincuentes”.
El texto fue filtrado por la también legisladora Ángela Robledo.
En la imagen que publicó se puede identificar que el grupo de WhatsApp al que fue enviado el mensaje es el de la Comisión VI de la Cámara.
“Piden plomo en las calles, plomo en las redes sociales y plomo hasta en chat de bancada del Congreso. Atrincherado el fascismo, solo los sostiene seguir matando“,
dijo la legisladora, quien pidió “medidas de protección internacionales urgentes” para Colombia.
También se pronunció la legisladora María Pizarro, quien señaló a Angulo de “pedir plomo para la juventud“ en su comentario y calificó lo escrito como “mensajes de odio”.
El senador colombiano Roy Barreras, por su parte, dijo que Angulo “se dice cristiano” y está “cargado de odio en su corazón”.
Además, señaló que “con lenguaje traqueto” ha “cometido el delito de instigación a la violencia genocida“, lo que le podría acarrear de 5 a 10 años de cárcel,
de acuerdo al Código Penal colombiano.
Mensaje “descontextualizado y sesgado”
Tras la polémica generada, Angulo publicó en su cuenta en Twitter un comunicado elaborado por su oficina de prensa, en la que dan su versión de lo sucedido,
alegando que el mensaje que fue filtrado “está completamente descontextualizado y sesgado de la realidad”.
En la explicación que ofrece esa oficina se refieren directamente a lo comentado por la legisladora Pizarro
e indican que Angulo “no hace referencia alguna en contra de la juventud”.
Sin embargo, en la aclaratoria ratifican lo que el legislador expuso en el chat: “Se refiere específicamente a los vándalos,
quienes han sacado provecho de la situación actual del país para destruir con actos terroristas el bien público y privado”.
Su posición coincide con la del Gobierno de Iván Duque, que ha apuntado a que presuntas agrupaciones terroristas están detrás de las protestas para sembrar el caos y generar violencia.
Además de eso, en el comunicado señalan que Angulo reitera su respaldo a la fuerza pública, a pesar de que han sido duramente criticadas por su actuar en las manifestaciones.
La represión en las protestas
Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado la fuerte represión que se ha vivido en las protestas antigubernamentales en Colombia,
por parte de policías y militares, especialmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La organización Temblores publicó el pasado martes un reporte en el que señala que hasta el 24 de mayo se registraron 3.155 casos de violencia policial,
que incluye 43 homicidios, 1.388 detenciones arbitrarias y 46 víctimas de agresión en sus ojos.
También, por esas acciones de la fuerza pública, se habrían registrado 955 víctimas de violencia física y 22 casos de violencia sexual.
La cifra de decesos en las protestas que informa la organización de derechos humanos coincide con la que la Fiscalía General de la Nación publicó en su último reporte, del pasado lunes.
Sin embargo, la institución oficial asegura que de los 43 fallecidos, solo 17 “tienen nexo directo en el marco de las protestas”,
19 “no guardan vínculo con las manifestaciones” y las siete restantes están en proceso de verificación.
La Fiscalía también informó sobre el hallazgo de 290 personas que habían sido reportadas como desapare
“Corrupbol” y “Cepa América”: Arden las redes tras la decisión de la Conmebol de realizar la Copa América en Brasil
Como incongruente, contradictoria e incomprensible ha sido calificada en las redes sociales la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)
de quitar a Colombia y Argentina la organización de la Copa América 2021 y otorgarla a Brasil, el país más golpeado en América Latina por la pandemia del covid-19.
La medida también ha causado polémica por la creciente crisis política del gobierno de Jair Bolsonaro, en un país que en los últimos días ha registrado protestas masivas para rechazar su gestión contra el coronavirus, entre otras presuntas irregularidades.
La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffman, que fue una de las primeras en rechazar la organización del evento,
calificó al mandatario como “genocida” y dijo que hacer el torneo era “un acto de locura“.
Originalmente, Colombia y Argentina debían acoger el torneo más importante del continente a nivel selecciones.
Sin embargo, Bogotá desistió de la idea por la crisis política, y Buenos Aires siguió el mismo camino debido a la grave situación sanitaria que atraviesa.
Esto fue justamente lo que llamó la atención en toda la región, ya que Brasil no está exento de las protestas; es el tercer país del mundo con más casos confirmados de covid-19,
y el segundo con más muertes en todo el planeta.
Actualmente, promedia más de 61.000 contagios y supera las 1.800 muertes por día,
mientras en su territorio circulan nuevas variantes de la enfermedad, consideradas más virulentas y letales.
“Brasil será la sede de “Cova América”
Enseguida, la polémica se trasladó a las redes sociales. Algunos con rabia, otros con ironía, los usuarios no solo se refirieron a las contradicciones que refleja la determinación,
sino que también acusaron al ente rector del fútbol sudamericano de privilegiar los intereses monetarios por encima de la vida.
Uno de los más críticos con esa decisión ha sido el exportero de la selección de Paraguay, José Luis Chilavert,
quien se refirió a la Confederación como “corrupbol” y manifestó que los jugadores de las selecciones deben dejar de que los “traten como esclavos” y que “se hagan respetar”.
“Hay que revelarse ante estos corruptos que no les importa la vida de todos ustedes, unidos venceremos a la corrupción que impera en el fútbol sudamericano”, dijo.
Otra reacción en contra de esa decisión vino de parte de Luiz Henrique Mandetta, quien fue ministro de Salud de Jair Bolsonaro entre los años 2019 y 2020,
y terminó destituido por las profundas diferencias que tenía con el mandatario en el manejo de la pandemia.
“Brasil será la sede de “Cova América“, sentenció Mandetta, quien lamentó que su país se preste para realizar el evento, justo cuando el coronavirus está en expansión,
una acción que calificó como “increíble” y parte de un “cinismo total”.
En los comentarios también han salido a flote los fantasmas de corrupción que estallaron en la Conmebol, que involucraron directamente a varios de sus miembros
en un caso de sobornos multimillonarios que consistían en facilitar a empresarios derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos,
así como la adjudicación de sedes para campeonatos.
En el 2019, la Copa América arrancó en medio de una huelga general en contra de las reformas impulsadas por Bolsonaro
y del escándalo que involucró al entonces ministro de Justicia,
Sergio Moro, por las dudas sobre su imparcialidad en el caso que dirigió contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Multitudinarias manifestaciones en Brasil piden la destitución de Bolsonaro por el manejo de la pandemia
Decenas de miles de manifestantes salieron este sábado a las calles de varias ciudades de Brasil para expresar su descontento con las políticas del presidente Jair Bolsonaro
y exigir su destitución por la deficiente respuesta del Gobierno frente a la pandemia del covid-19, que se ha cobrado la vida de casi medio millón de personas en el país.
Las multitudinarias marchas fueron conformadas por sindicatos, políticos, estudiantes y organizaciones sociales, que piden un juicio político contra Bolsonaro,
además de solicitar la aceleración del proceso de vacunación y el pago de la ayuda de emergencia, entre otros reclamos relacionados con la grave crisis que atraviesa la población.
“Fuera Bolsonaro”, “Queremos las vacunas”, “Más de 450.000 muertos: esto también es culpa tuya”,
se lee en algunas de las pancartas que portan los manifestantes, quienes en su mayoría usaban mascarilla.
Ciertos participantes también pedían justicia mientras rendían homenaje a sus seres queridos fallecidos durante la pandemia.
En el centro de Río de Janeiro se llevó a cabo una gran protesta que acusaba a las políticas económicas de Bolsonaro de perjudicar a los pobres y a los desempleados.
En Brasilia y São Paulo también salieron miles de personas a las calles.
Si bien las movilizaciones fueron en su mayoría pacíficas, en algunas ciudades se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad.
En la ciudad de Recife, Estado de Pernambuco, la Policía Militar empleó gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta contra los manifestantes, según medios locales.
Algunas protestas incluyeron imágenes de apoyo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los posibles contrincantes de Bolsonaro en los comicios presidenciales de 2022.
Se trata de la primera gran manifestación contra el Gobierno, que desde un inicio ha minimizado las consecuencias de la pandemia, sin tomar medidas al respecto.
Los reclamos sociales de esta jornada también trascendieron en la Red, acompañados de la etiqueta #29MForaBolsonaro.
El mandatario brasileño se ha mostrado reacio a establecer protocolos sanitarios y tomar resoluciones para evitar el avance de los contagios del coronavirus
argumentando la necesidad de restablecer las actividades económicas.
El pasado domingo, Bolsonaro participó sin mascarilla en una polémica caravana de motociclistas en la ciudad de Río de Janeiro,
donde hubo aglomeraciones, a pesar de que están prohibidos los actos públicos hasta finales de este mes.
En marzo de 2021, el presidente del país suramericano, que acumula más de cien solicitudes de juicio político desde que comenzó su mandato en 2019,
interpuso un recurso en contra de varios decretos de los gobiernos federales de Bahía, Río Grande del Sur y el Distrito Federal de Brasilia,
donde se establecieron toques de queda para evitar la propagación del covid-19.
¿Son o no presos políticos? ¿Merecen indulto?: El dilema en Chile alrededor de 2.500 personas detenidas durante el estallido social de 2019
Los llaman “los presos de la revuelta”. Son alrededor de 2.500 personas que están detenidas en Chile, entre ellas menores de edad, a la espera de un juicio.
Los acusan de vandalismo, incendios y atentados a la propiedad privada durante las históricas protestas sociales de 2019.
Desde la oposición aseguran que, en realidad, son presos políticos y deben ser beneficiados con un indulto generalizado.
Pero el presidente Sebastián Piñera ya advirtió que no están detenidos por sus ideas, sino por haber cometido delitos, por lo que vetará cualquier iniciativa que ampare su liberación.
El debate es permanente desde fines de 2019, pero se reavivó la semana pasada cuando la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó un proyecto de Ley
que les concede el indulto.
Después fue turnada para su análisis a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo que la discusión parlamentaria continúa
y mantiene vigente el tema en la agenda pública.
Ante los crecientes reclamos, Piñera tuvo que referirse a estos detenidos el martes, durante el informe anual de Gobierno conocido como la Cuenta Pública.
“En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas.
Hay personas privadas de la libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves
como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte y otros”, advirtió.
Por eso, insistió, “nos oponemos a una ley de indulto o amnistía, debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión, respetando el debido proceso
y de acuerdo al Estado de derecho”.
Contraste
La insistencia del Gobierno en mantener detenidos a miles de manifestantes contrasta con su férrea defensa a los Carabineros y miembros del Ejército,
que en las protestas de 2019 (y, en general, en todas las movilizaciones sociales) reprimieron violentamente a las multitudes y, de acuerdo con diversos informes nacionales
e internacionales, cometieron violaciones a derechos humanos.
De hecho, el propio Piñera ya fue denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya para que lo investiguen por crímenes de lesa humanidad.
La revuelta, que duró meses e inició por el aumento del costo del boleto del metro y mutó en una rebelión contra el modelo económico, político y social chileno,
dejó una saldo de por lo menos 32 muertos; miles de heridos, en particular las más de 400 personas que quedaron mutiladas en sus ojos por el uso indiscriminado de perdigones;
denuncias por abuso sexual sufrido por las detenidas, torturas y detenciones arbitrarias, entre otros delitos.
En enero de 2020 se crearon la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP) y la Coordinadora por la Libertad de los Presxs Políticxs 18 de Octubre,
colectivos de la sociedad civil que recolectaron las irregularidades en torno a las detenciones y los procesos judiciales.
A fines del año pasado, senadores de oposición presentaron formalmente el proyecto de indulto.
La semana pasada, después de pasar el primer escollo en la Comisión de Seguridad, el senador Alejandro Navarro explicó la importancia de que
“los presos de la revuelta” queden libres justo ahora que Chile está a punto de comenzar a escribir una nueva Constitución que es uno de los principales logros de esas protestas.
“Hay que hacer un esfuerzo y mi llamado es a una derecha que comprenda que, si no cerramos esa herida, esta puede profundizarse en la discusión de la nueva Constitución,
y todos queremos una Constitución que una a los chilenos y no que los divida.
Si queremos escribir una nueva Constitución que reconcilie a los chilenos, no puede ser con presos de la revuelta encarcelados con montajes.
Están pagando de manera injusta una situación que apoyó todo Chile”, afirmó.
Respaldo
El estallido de 2019 marcó el inicio de una profunda transformación política en Chile que se tradujo en un plebiscito en octubre del año pasado, en el que una abrumadora mayoría
avaló la redacción de una nueva Constitución que sustituya a la que todavía rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
A ello le siguió la elección de los 155 convencionales que redactarán la Carta Magna, los cuales fueron elegidos el pasado 15 y 16 de mayo,
que en su mayoría representan al progresismo y fueron activistas en las protestas contra Piñera.
Por eso, no sorprendió que 22 de los convencionales electos dieran a conocer esta semana una carta en la que exigen la libertad inmediata de las y los detenidos.
“En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad.
A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes,
se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019”, señaló un escrito que detalla
abusos sistemáticos, privaciones de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes de Carabineros
y medidas judiciales que no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad.
“Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad.
Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que,
cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso”, agregó.
Diez detenidos tras una protesta por los presos del estallido social de 2019 en Chile
Desde “descorreizar” al país hasta sus desatinados comentarios: el legado que deja Lenín Moreno en Ecuador
El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno tomó posesión como presidente de Ecuador. Lo hizo después de ganar los comicios en segunda vuelta,
cobijado por la Revolución Ciudadana y su entonces partido Alianza País, que lideraba el expresidente Rafael Correa, su antecesor.
Luego de cuatro años, este lunes, concluye su mandato, con una ceremonia en la que entregará el cargo a Guillermo Lasso,
quien ganó las pasadas elecciones en el país. Pero ¿qué legado deja el expresidente?
“El país que heredó Lenín Moreno es un país que si bien venía enfrentando algunos problemas, en general tenía un buen rumbo”,
opina Miguel Ruiz, profesor de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Además, señala que los gobiernos de Correa [2007-2017] estuvieron orientados “más o menos” por el principio de “primero la gente, primero los ecuatorianos
antes que los compromisos internacionales, honrar sobre todo la deuda social”.
“Descorreización”
Pese a llegar de la mano de su predecesor, al poco de instalarse en la Presidencia comenzó un proceso que muchos denominaron “descorreización” del país;
dando la espalda a la Revolución Ciudadana, de la que también formó parte como vicepresidente entre 2007 y 2013, y cambiando el rumbo a un modelo completamente diferente.
Ruiz menciona que se conformó un “nuevo bloque de poder” en torno a Moreno, con los “adversarios históricos de la Revolución Ciudadana”,
que son “parte de las élites económicas, políticas y mediáticas del país“.
Indica que “descorreizar al país” significó “desinstitucionalizar muchos de los espacios que con mucho trabajo se habían logrado construir
desde la Constitución de Montecristi [de 2008], los espacios de participación ciudadana, etc.”.
Desde el primer año del mandato hubo importantes cambios institucionales, para lo cual se llevó a cabo una consulta popular en febrero de 2018, impulsada por Moreno,
en la que se aprobó, entre otras cosas, dar por terminado el período de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),
lo que permitió que se instalara uno transitorio, que nombró nuevos titulares en instituciones claves del país, como la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral,
el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y la Fiscalía General de Estado.
Tras estos cuatro años, opina Ruiz, las instituciones del Estado quedaron con una “profunda crisis de legitimidad” ante la ciudadanía.
Además de desinstitucionalizar, “descorreizar al país” implicó —agrega Ruiz— “la persecución política y judicial de buena parte de la militancia, de la dirigencia
y de los cuadros medios de la Revolución Ciudadana”. Durante este período gubernamental fueron juzgados y condenados, por ejemplo,
Correa, el expresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios de la administración pasada.
De acuerdo con el analista no hubo procesos “limpios y transparentes” en estos casos, sino que se usó “de manera arbitraria y parcializada a la Justicia para una auténtica cacería de brujas”
con el objetivo de “desprestigiar políticamente a la fuerza política más grande del país, que es la Revolución Ciudadana”, cuestión que, dice, “lo consiguieron en buena medida”.
Sobre este nuevo rumbo que tomó el país políticamente y que se extiende con la victoria de la derecha en las elecciones presidenciales pasadas,
en las que resultó electo Guillermo Lasso, Moreno, en una entrevista con el diario chileno El Mercurio a principios de mayo, dijo:
“Se puede derrotar al socialismo del siglo XXI de forma democrática. Es lo que hicimos aquí en Ecuador”.
Crisis en salud
Ecuador no escapó de la crisis provocada por el coronavirus, pero, en este caso, llegó en un duro momento para la sanidad pública del país.
El primer caso se dio a conocer a finales de febrero de 2020, casi un año después de que se ordenara el despido de más de 2.500 trabajadores del sector de la salud estatal,
dentro del Plan de Prosperidad 2018-2021 y al Plan de Optimización de la Función Ejecutiva, según denunció
la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa).
La gestión de la pandemia por parte del Gobierno fue duramente criticada. Los primeros meses de la crisis sanitaria golpearon duramente a Guayaquil,
capital de la provincia de Guayas, donde se llegaron a ver cadáveres en las calles y aceras, así como el colapso de hospitales y cementerios.
También hubo escándalos por corrupción, como el cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres
y el sobreprecio en compras públicas durante la emergencia.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta este domingo 23 de mayo, Ecuador registró 418.851 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia y 20.193 muertes —14.764 confirmadas y 5.429 probables por covid-19—.
Sin embargo, el número de fallecidos podría ser mayor. El país cerró 2020 con 14.034 muertes por covid-19, pero, según datos del Registro Civil,
el año pasado murieron 115.150 personas en este país suramericano por diferentes causas (incluyendo el coronavirus), un incremento de 41.413 respecto a 2019,
cuando hubo 73.737 decesos; mientras que el año previo, 2018, las muertes fueron 71.317, es decir, solo 2.420 de diferencia.
En medio de la dura situación, en diciembre pasado, fueron despedidos 572 médicos, enfermeras y administrativos de todos los hospitales del Ecuador,
según denunció la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep).
Otra de las críticas es que al frente del Ministerio de Salud estuvieron cinco ministros durante la pandemia (y seis durante todo el mandato),
fueron renunciando o cambiados ante diferentes escándalos, principalmente relacionados con el proceso de vacunación.
El mandatario se comprometió a vacunar contra el coronavirus a al menos 2 millones de personas entre enero de 2021 y la fecha de su salida, este 24 de mayo;
sin embargo, no cumplió esa meta. De acuerdo con la página web del ‘Plan Vacunarse‘, hasta el 19 de mayo se habían aplicado 1.627.070 vacunas de los fármacos contra el covid-19,
y de esa cifra solo 401.335 personas habían recibido las dos dosis requeridas.
Sobre infraestructura sanitaria, la semana pasada Moreno informó que se invirtieron 749,1 millones de dólares en seis nuevos hospitales y la repotenciación de 20.
De los seis construidos, solo fueron entregados dos: el General Napoleón Dávila Córdova de Chone y el de Especialidades de Portoviejo, ambos en la provincia de Manabí
y cuya construcción inició durante el mandato de Correa.
Los acuerdos con el FMI (y las protestas)
En marzo de 2019, el Gobierno ecuatoriano suscribió un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un crédito de 4.200 millones de dólares,
que se suspendió en 2020 porque el país no cumplió con algunas de las metas que le fijó el organismo; en septiembre de 2020, el Directorio Ejecutivo de la institución aprobó
un nuevo acuerdo, para un préstamo de 6.500 millones de dólares en un plazo de 27 meses, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF).
“Con el FMI nuevamente volvimos a bajar la cabeza”,
comenta Ruiz, al señalar que las condiciones impuestas fueron duras, como las de “austeridad fiscal, recorte al gasto público, a la masa salarial”, entre otras.
Meses después de la firma del primer acuerdo con el FMI, en octubre de 2019, Moreno anunció una serie de medidas económicas y un paquete de reformas.
Una de las acciones fue la eliminación de subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador, así como al diésel, lo que provocó el aumento de sus precios.
Esto generó un estallido social, que estuvo desde el 3 al 13 de octubre y dejó 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos,
según datos de la Defensoría del Pueblo. Tras un acuerdo, Moreno derogó el Decreto Ejecutivo 883, mediante el cual se eliminaban esos subsidios,
se levantó la protesta y los precios de los combustibles volvieron a bajar.
Una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que analizó esas protestas, emitió en marzo pasado un informe en el que concluye que el Estado es responsable de la represión
y las violaciones de derechos humanos en esas manifestaciones. Tras ello se presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Moreno por presuntos delitos de lesa humanidad.
Aunque se derogó el polémico Decreto Ejecutivo 883, en 2020 el mandatario estableció un sistema de bandas de precios de los combustibles, para reducir de manera gradualel subsidio estatal.
Esto hace que los precios de estos productos fluctúen cada mes, teniendo como base el promedio de los precios de los petróleos Oriente y WTI en el mercado internacional.
Sobre ello, el pasado 5 de mayo, durante su participación en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas en Miami, EE.UU.,
Moreno dijo: “A la final nos salimos un poco con la nuestra”.
En respuesta al SAF del FMI, también se aprobó ya en el último mes de su mandato la ‘Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero
para la Defensa de la Dolarización’, que algunos analistas la han definido como una normativa que privatiza el Banco Central del Ecuador.
Durante el período de Moreno, y en parte en el último año por la crisis sanitaria del coronavirus, se registraron números negativos en algunos indicadores,
como el índice de pobreza y extrema pobreza.
En diciembre de 2016, cinco meses antes de que Moreno asumiera el poder, la pobreza en Ecuador llegaba a 22,9 % y la extrema pobreza se ubicaba en 8,7 %,
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).
En el mismo mes de 2020, el índice de pobreza se ubicó en 32,4 % y el de extrema pobreza en 14,9 %.
Según un artículo del Observatorio de Gasto Público, hasta el cierre de 2020, el Gobierno ecuatoriano mantenía una deuda externa por 45.367 millones de dólares
y un 42 % de ese monto corresponde a obligaciones con organismos internacionales como el FMI o el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
En relación a la deuda interna, esta superaba los 17.000 millones hasta entonces. El Gobierno debía 500 millones de dólares al Banco Central,
otros 1.509 millones al Banco de Desarrollo del Ecuador, 381 millones a la seguridad social y 14.697 millones en títulos de deuda emitidos.
Desmantelamiento del Estado
Durante su mandato Moreno se empeñó en la reducción del tamaño del Estado. Así, suprimió y fusionó ministerios y secretarías de gobierno, que derivó en despidos en el sector público.
En medio de la pandemia no solo se despidió a personal de salud, sino también en educación. Según la Unión Nacional de Educadores (UNE)
durante la crisis sanitaria fueron separados de sus puestos alrededor de 10.000 docentes.
Hubo recorte de recursos para educación, salud y cultura, entre otras áreas, en la Proforma Presupuestaria del Estado.
En mayo de 2020, Moreno anunció la liquidación de ocho empresas estatales: la aerolínea Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador,
Medios Públicos, Centros de Alto Rendimiento, Ecuador Estratégico, Siembra (Yachay Tech) y Unidad de Almacenamiento (comercialización de productos agropecuarios).
En esa oportunidad también anunció el ahorro de 980 millones de dólares en “masa salarial” pública.
También cerró embajadas y oficinas diplomáticas. Concretamente, se eliminaron las sedes de Malasia, Irán, Nicaragua, Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola,
la representación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría del Parlamento Andino.
Más cerca de EE.UU.
Moreno inició un acercamiento con EE.UU. o una reorientación de la política exterior de Ecuador con Washington.
“El gobierno de Rafael Correa fue un período en donde el Ecuador tomó distancia de una vieja sumisión que la clase política y económica ecuatoriana tenía con los dictados
de la geopolítica de los EE.UU.”, explica Ruiz.
El analista señala que con Moreno hubo un viraje en la política hacia EE.UU. en diferentes planos. Uno de ellos es el económico-comercial.
Ambos países firmaron un “Acuerdo Comercial de Primera Fase” —nombre como se conoció mediáticamente—,
que en realidad se trató de un “Nuevo Protocolo sobre Normas Comerciales y Transparencia”, que actualizó el “Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones
(TIC, por sus siglas en inglés) EE.UU – Ecuador”, firmado en 1990.
También están “los temas geopolíticos”, dice Ruiz, “en donde la sumisión a la agenda de la política exterior estadounidense fue muy evidente”.
Entre otras cosas, nombra la retirada del asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2019, tras estar desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres;
el lineamiento con Venezuela, que incluye el reconocimiento al autoproclamado presidente interino de ese país Juan Guaidó; y la salida y “sepultura”
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya sede estaba a las afueras de Quito.
Asimismo, se firmaron “acuerdos de cooperación policiaca y militar entre los dos gobiernos”, añade Ruiz.
En estos cuatro años, visitaron el país suramericano el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Thomas A. Shannon;
una misión del Comando Sur estadounidense; Mark Green, entonces administrador de la agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés),
organismo que había salido del país en 2013; David Hale, quien era viceministro de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU.; y quien era secretario de Estado, Mike Pompeo.
En febrero de 2020, Moreno y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, tuvieron un encuentro en la Casa Blanca.
Antes de marcharse del Palacio de Carondelet, el pasado 18 de mayo Moreno entregó la Condecoración al Mérito al embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick.
Los desatinos verbales
Durante sus tantas alocuciones públicas, Moreno generó polémica por varios comentarios. Por ejemplo, en abril de 2018, durante un acto en Cuenca,
esbozó unas palabras contra los galenos: “Cuando a ti te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el medico.
El que tiene cáncer cambia de vida y al final el médico cambia de carro“.
En agosto de 2019, hablando de emprendimientos en Ecuador, avaló el trabajo infantil y utilizó un término despectivo para referirse a los niños, al decir:
“Somos un país de emprendedores, la necesidad obliga. Por eso ustedes ven en Guayaquil […], perdonénme el término, no lo digo en términos despectivos, un monito de 5 años:
ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa […] esto está en la esencia misma de los ecuatorianos”.
En enero de 2020, durante una reunión con inversionistas en Guayaquil, sus desatinados comentarios fueron contra las mujeres:
“Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad,
y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso; es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea,
pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso”.
En abril pasado, en su programa radial ‘De Frente con el Presidente’, el mandatario contó que cuando se trasladaban en un vehículo con la ventana abierta,
una señora se le acercó para decirle que los ecuatorianos padecían hambre.
Tras describir a la mujer como una persona “bastante llenita en carnes”, Moreno recordó que la increpó: “Usted no, señora. A usted se le ve bastante gordita“.
El último comentario, a principios de mayo, durante su participación en el foro de Miami, fue: “Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal
como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también”.
Popularidad
Moreno ganó las elecciones en 2017 con 51,15 % de los votos y tenía una aprobación de 66 % entre los ecuatorianos al momento de asumir la Presidencia, en mayo de ese año, según Cedatos.
Sin embargo, un año después, esa aprobación bajó a 46 %; en mayo de 2019 llegó a 26 % y en el mismo mes del año pasado se ubicó en 18,7 %.
En cuanto a credibilidad, Moreno inició con el 63 % en mayo de 2017, bajó a 42,3 % en mayo de 2018, 24,7 % en mayo de 2019, 10,4 % en octubre de 2019
y a 14,7 % al cumplir tres años de gobierno en mayo de 2020.
En marzo de este año, la aprobación de Moreno alcanzaba apenas el 4,8 % y la credibilidad en su palabra fue de 2,8 %, de acuerdo con la misma encuestadora.
El analista internacional Alexis Matute no espera grandes cambios políticos o económicos respecto al Gobierno anterior y explica que el nuevo gabinete está ligado al neoliberalismo.
Indígenas y campesinos realizan la primera protesta contra Lasso en Ecuador para pedir que derogue decretos que causaron el alza de los combustibles
Desde la mañana de este martes, el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió el cargo el lunes,
enfrenta su primera protesta por parte de organizaciones sociales, indígenas y campesinas de la provincia de Imbabura, al norte del país.
Estos movimientos bloquearan varias vías principales de esa entidad, como la Panamericana,
para exigir a Lasso que derogue tres decretos emitidos en la administración de Lenín Moreno, que propiciaron el alza de los combustibles.
En el transcurso del día hubo cierres de vías en las parroquias Eugenio Espejo y San Rafael de la Laguna, así como en la comunidad de Peguche,
en el cantón (municipio) de Otavalo de Imbabura.
Los cuestionados decretos
En concreto, piden que se eliminen los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183, emitidos en mayo, septiembre y noviembre de 2020, respectivamente.
En el país regía hasta el año pasado un sistema fijo de precios para los combustibles. La gasolinas extra y ecopaís,
por ejemplo, tenía un valor de 1,85 dólares por galón y el diésel premium de 1,037 dólares por galón.
Sin embargo, el decreto 1054 estableció un sistema de bandas de precios de los combustibles, para reducir de manera gradual el subsidio estatal que tenían. Esto generó que el valor de estos productos fluctúen desde entonces cada mes,
teniendo como base el promedio de los precios de los petróleos Oriente y WTI en el mercado internacional.
El 1158, por su parte, liberó la importación de derivados de petróleo por parte de privados; en concreto este sector puede importar gasolinas, diésel, gas industrial y otros.
Mientras, con el decreto 1183 se estableció que la fijación de precios de los combustibles diésel 2, diésel prémium, gasolina extra
y ecopaís esté a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC).
Las protestas de octubre de 2019
En octubre de 2019 hubo fuertes protestas antigubernamentales en Ecuador, luego que Moreno anunciara una serie de medidas económicas y un paquete de reformas,
que incluyó el Decreto Ejecutivo 883, en el cual se eliminó el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador, así como al diésel, lo que provocó el aumento de sus precios.
Fueron 11 días de protestas, que dejaron 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos,
según datos de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, se derogó el decreto 883 en el que se establecía esa eliminación del subsidio a los combustibles y sus precios bajaron.
Sin embargo, en plena pandemia del coronavirus, Moreno emitió estos tres decretos que ahora son cuestionados. Sobre ello, el pasado 5 de mayo, durante su participación
en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas en Miami, EE.UU., el ahora exmandatario dijo: “A la final nos salimos un poco con la nuestra.
España: Empleados públicos temporales exigen estabilidad en sus puestos
Clínicas privadas en América Latina llevan a la quiebra a pacientes con covid-19
